Los argentinos acudirán este domingo a las urnas para elegir a sus representantes al Parlamento por los próximos cuatro años. Hasta hace unos días, el morbo de estas elecciones estaba centrado en si Cristina Fernández lograba un escaño que la mantenga alejada de los juzgados. Todo eso cambió esta semana, cuando apareció un cuerpo que correspondería a Santiago Maldonado, el artesano desaparecido el 1 de agosto cuando participaba de una protesta en la comunidad mapuche Pu Lof, en Cushamen (Chubut, al sur este del país).
Sin embargo, la misteriosa aparición de un cuerpo con el carnet de identidad de Maldonado, en una zona que supuestamente ya había sido rastrillada por la policía, siembra una serie de interrogantes que podrían pasarle la factura al gobierno de Mauricio Macri, señalado como el responsable político por la desaparición.
Maldonado llegó a la localidad patagónica el 31 de julio para apoyar a un grupo de mapuches que exigía la liberación del líder Facundo Jones Huala. Desde ese día no se supo más nada y se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno y la gendarmería -policía federal- a la que acusaban directamente por la desaparición.
La primer iterrogante que surge ahora es si el cuerpo siempre estuvo en la zona donde fue hallado o fue “plantado”. La noticia del cuerpo encontrado en el río Chubut puso en alerta a todos. Pero inmediatamente la vocera del Pu Lof de Cushamen, Soraya Maicoño, aseguró que el cadáver había sido “plantado”. “Hace dos, tres días, no estaba ahí, decididamente”, dijo la vocera.
Según ella, el cuerpo apareció a metros río arriba desde donde, asegura, la Gendarmería se llevó a Maldonado. Además dice que es un lugar “bastante transitado”, y que es imposible que no se haya visto.
Esto lleva a un tema clave, que es el de los rastrillajes: oficialmente, más de un mes después de la desaparición, se llevaron a cabo los operativos en el río Chubut para buscar pistas. El entonces juez que instruía la causa, Guido Otranto -más tarde apartado y reemplazado por Gustavo Lleral- ordenó que se investigara en ambos márgenes y aguas abajo de donde está la comunidad mapuche Lof de Resistencia.
Apenas se conoció la noticia de la aparición del cuerpo, este dato llamó la atención: cómo no había sido identificado en alguno de esos rastrillajes.
Pero las sospechas no son sólo por parte de la comunidad mapuche: la Casa Rosada también tiene las mismas dudas respecto de que haya sido “plantado”; sólo la comunidad aborigen desconfía de Gendarmería. El oficialismo, de los mapuches.
Para sumar más interrogantes, hay diferentes versiones respecto de los rastrillajes, y esto lleva a otra de las preguntas fundamentales.
La familia de Maldonado ha sido cautelosa y no hará un pronunciamiento oficial hasta no conocer los resultados de la autopsia y las pruebas de ADN. En caso de tratarse de Maldonado, aseguran, lo importante más allá de su identificación es saber cómo murió. En primera instancia se habla de que el cuerpo hallado no tiene ninguna herida de bala visible.
Si bien la desaparición de Maldonado se denunció durante los primeros días de agosto, el presidente Macri no abordó el tema hasta el 4 de septiembre, más de un mes después de que el artesano desapareciera. Fue solo hasta que la hipótesis de una “desaparición forzada” se asentó en dos marchas multitudinarias en todo el país que el tema se convirtió en una preocupación para el Gobierno. Ahora, el tema es a quién podría beneficiar y perjudicar la aparición del cuerpo.
“Estamos viviendo situaciones especialmente complejas”, dijo Macri ayer.
Según un una encuesta publicada por el diario Clarín para interpretar el impacto en la sociedad del caso Maldonado, el 35% dijo que el hallazgo del cuerpo beneficia al Gobierno; el 40% a la oposición, y 25% a “otros” innominados.
En tanto, desde la oposición kirchnerista, el caso pasó a ser un emblema de campaña: Cristina Fernández siempre nombró al caso en las entrevistas que dio, para resaltar lo que ella ve como falencias en la política de derechos humanos del macrismo.