El gobierno de Mariano Rajoy tiene todo listo para comenzar a aplicar el famoso artículo 155 de la constitución española desde este sábado en Cataluña. En pocas palabras, este artículo implica la suspensión de la autonomía regional y la intervención total del gobierno catalán, destituyendo a Carles Puigdemon como “president”.

Esta medida era considerada por muchos en la arena política española como su bomba nuclear para abordar el conflicto independentista en la región. Por eso, el presidente del gobierno esperó hasta el último minuto para aplicarlo, sabiendo que sería la primera vez en la brevísima historia democrática española en que se ponga en marcha el polémico artículo.

No es un secreto para nadie que España arrastra una serie de conflictos regionales -basta con nombrar las siglas ETA- que cuestionan constantemente la idea de una identidad nacional con arraigo popular. Por esto, el uso de este artículo suponía un gran hito en la historia de la política ibérica, pues desde la promulgación en 1978 de la constitución, no ha sido necesario y siempre se ha especulado con que su uso podría desencadenar una serie de protestas regionales.

En un sentido práctico, el gobierno de Rajoy dejó que el independentismo al mando del gobierno catalán actuara hasta que los hechos le dieran la razón y verse así “forzado” a emplear el 155 y reemplazar a las autoridades catalanas desde su presidente hasta los directores de medios de comunicación regionales como en el caso del canal de televisión TV3.

Sin embargo, Rajoy no contaba con que el movimiento independentista ganó “la calle” en Cataluña y que las imágenes de Guardias Civiles golpeando ciudadanos indefensos que querían ejercer lo que consideran su derecho al voto, podría inclinar la balanza en favor de los independentistas, a todas luces la fuerza en desventaja.

Con la aplicación del artículo 155, Rajoy se comprometió a tener una intervención breve en Cataluña, convocando a elecciones regionales lo antes posible. En la práctica, se habla de que dichas elecciones podrían producirse en enero próximo. Desde el independentismo la respuesta ha sido que no hay elecciones en el horizonte y que seguirán adelante con su plan para proclamar la república catalana.

Las elecciones, en tanto, podrían suponer una nuevo atolladero para la política española pues según encuestas, los partidos a fines a la corriente independentista aumentarían su votación, alcanzando más escaños en el parlamento catalán. No es de extrañarse que la respuesta de muchos ciudadanos neutros a la represión del gobierno español sea la de tomar partido en contra de este.

Por esta razón, sería muy probable que en menos de un año España se enfrente al mismo conflicto, con una posición independentista reforzada y un gobierno desgastado y sin más opciones legales que gobernar de facto en Cataluña mientras se calman las aguas. Esto, claro, podría no ocurrir y algunos solo ven una salida en la convocatoria de nuevas elecciones generales que desbanquen a Rajoy de La Moncloa y que permitan un gobierno de corte progresista que, entre muchas cosas, proponga un referendo pactado, legal y legítimo en Cataluña.

De lo contrario, España parece estar condenada a vivir El día de la marmota.

 

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