Las amenazas del reino de España se han comenzado a materializar este jueves en contra de los impulsores del referendo y posterior declaración de independencia en Cataluña. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado enviar a prisión sin fianza a Oriol Junqueras y los otros ocho consellers que han comparecido este jueves, acusados de rebelión y malversación. A Santi Vila, la jueza le envía a prisión provisional pero le dejará en libertad si paga una fianza de 50.000 euros. A todos les imputa los delitos de rebelión, sedición y malversación.
La jueza cree que hay un alto riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Además, señala que el alto poder adquisitivo de los acusados les permite “abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero”, y recuerda que “algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”.
La jueza asegura que los acusados se enfrentan a penas elevadas, que podrían llegar a los 50 años de prisión: 25 por rebelión, 15 por sedición, y ocho por malversación, que pueden llegar hasta los 10 por falseamiento de contabilidad. Insiste la jueza en que mantiene por el momento que los hechos constituyen un delito de rebelión.
“Flanquearon toda clase de barreras”
En el auto, Lamela escribe que el documento EnfoCats, elaborado por Josep María Jové, que considera una suerte de hoja de ruta para la independencia, “se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Govern”. Para dar cada uno de esos pasos, los consellers se valieron de sus cargos públicos.
“Cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse”, añade.
El documento, elaborado tras las elecciones de 2015, “diseñó un plan estratégico cuyo principal objetivo era crear un Estado propio”. Para ello, el plan contemplaba “la posibilidad de recurrir a una eventual desconexión con el Estado Español derivando, si fuese necesario y como último recurso, un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación o en su defecto un referéndum forzado que igualmente les permitiera declarar la independencia”.
Según el auto, la acción de los investigados fue “meditada y perfectamente preparada y organizada”, mediante el incumplimiento sucesivo de las resoluciones del Tribunal Supremo. “Flanquearon toda clase de barreras que pudieran desviarles de su finalidad”, añade. La jueza repasa los hechos de la querella presentada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para concluir que los investigados impulsaron “movilizaciones tumultuarias” para apoyar su plan independentista.
La jueza ha tomado la decisión de enviarles a prisión provisional después de escuchar a los 9 querellados que han acudido a la citación. Los primeros consellers en sentarse delante de la jueza han sido Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn. Se han negado a contestar a la Fiscalía y apenas han estado cinco minutos dentro de la sala de declaraciones.
Vía El Diario