Atención, atención, este coche está retrocediendo. La presidenta y los miembros de la mesa del Parlamento catalán que gestionaron la tramitación de las leyes que impulsaron el referendo independentista y la posterior proclamación de independencia dijeron hoy ante el Tribunal Supremo español que todo fue simbólico. Una puesta en escena para presionar al Estado español.

Este nuevo discurso les bastó para hacerle el quite a las medidas de apremio que cayeron sobre sus colegas de bandera a cargo de la Generalitat, encarcelados sin fianza mientras transcurre la investigación. Solo Carme Forcadell, ex presidenta del Parlamento, entrará en la cárcel mientras no deposite 150.000 euros de fianza.

En un tono sumiso, Forcadell le bajó el volumen a la declaración de independencia del 27 de octubre pasado y la definió como “declarativa y simbólica”. Según ella, desde el Parlament se ha acatado “explícitamente” la aplicación del 155.

Esto les sirvió para imponerse ante la Fiscalía, que pedía cárcel incondicional para los seis imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, delitos con penas de hasta 25 años.

Desde Bélgica, el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aprovechó el fallo para cuestionar la democracia española. Carme Forcadell “Pasará la noche en prisión por haber permitido el debate democrático. Por permitir hablar y votar! Así es la democracia española”, tuiteó

Según Pablo Llarena, el juez del supremo que vio la causa, la intención de quebrar la integridad territorial de España “cuenta con un suficiente soporte acreditativo. De un lado, por la notoriedad que tiene cual era el objetivo político que se ha perseguido y que los querellados admiten”, si bien expresando que lo buscaban en un marco pactado con el Estado.

Aunque los parlamentarios hallan intentado retroceder, el juez cree que sabían de la ilegalidad del proceso “vistas las muy numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional en las que expresamente se proclamó su contradicción con nuestra Norma Suprema” notificadas personalmente.

Además, plantea que los impulsores del proceso esperaban la integración de la ciudadanía: “Dado que la viabilidad política de una nueva realidad nacional no podía lograrse con la actuación legislativa y gubernativa desplegada, se muestra factible, como sostiene la querella, que se contemplara que el resultado solo sería alcanzable mediante la incorporación de un nuevo elemento, concretamente, una movilización ciudadana que exigiera la permanencia del nuevo orden implantado, y que lograra su propósito mostrando una determinación generalizada, explícita e inflexible ante cualquier alternativa”.

La teoría de la independencia simbólica tiene doble filo para los partidos independentistas, pues reconocer que todo el proceso fue meramente una medida de presión contra el Estado supone aceptar que se instrumentalizó a los más de dos millones de catalanes que votaron el 1 de octubre y pone contra las cuerdas a los partidos de cara a la campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre.

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