La justicia española confirmó que está procesando al Partido Popular de Mariano Rajoy, a su tesorera, Carmen Navarro, a un informático y un abogado del partido, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas, quien se encuentra procesado y encarcelado por una larga lista de actos de corrupción.

La justicia desestimó los recursos presentados por el Ministerio Público y por los acusados contra el auto del pasado 26 de julio en el que la juez instructora Rosa María Freire concluía la instrucción y veía claros indicios de su participación en el caso conocido como los ‘ordenadores de Bárcenas’.

Tras analizar las pretensiones de los recurrentes que piden la nulidad de la causa por la falta de elementos precisos para que ésta siga adelante, los magistrados creen que hay indicios suficientes para considerar que los acusados han cometido presuntamente un delito de daños informáticos y de encubrimiento.

La Fiscalía asegura que no existen “indicios relativos a ciertos extremos esenciales”, en concreto la existencia de datos relevantes en los ordenadores del extesorero cuyo contenido fue borrado, para imputarle estos delitos y sostiene que la única versión sobre estos hechos es la del propio Bárcenas, que la considera “inverosímil y contradictoria”.

Por su parte, el PP señala en su recurso que no se dan los presupuestos que establece el artículo 31 bis del Código Penal para considerarle como responsable como persona jurídica y solicita la práctica de nuevas diligencias.

Los magistrados Mario Pestaña, José Joaquín Hervas y Jacobo Vigil explican en su auto que el objeto de este procedimiento no es “determinar la propiedad del soporte (ordenadores), sino de los datos”. Recuerda que, aunque un equipo -de la marca Toshiba- fuera propiedad de la formación política, el otro -un Apple MacBook-, fue adquirido por Bárcenas.

En este sentido, destaca que Bárcenas -que retiró su acusación en septiembre de 2016- fue exonerado de cualquier responsabilidad en esta causa por el hecho de no “haberse acreditado ni la fuerza típica, ni la intención de los investigados de sustraer bienes ajenos”, y no por la titularidad de los equipos.

Vía El Diario