El Estado colombiano sumó una nueva condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de 12 ciudadanos durante 1996 atribuida a las Fuerzas Armadas en colaboración con grupos paramilitares de ese país.

La corte señaló que el Estado colombiano también es responsable por la violación del derecho a la justicia “en perjuicio de las víctimas y sus familiares por las investigaciones de esos hechos”, según cita Infobae.

L0s delitos se dieron entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 en la vereda La Esperanza en el departamento de Antioquia, cuando el ex presidente Alvaro Uribe era gobernador de la región en la que operaba el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM).

“Esos hechos fueron atribuidos a miembros de las ACMM quienes actuaron en cooperación con integrantes de una unidad del Ejército llamada Fuerza de Tarea Águila, asentada en la base militar de la Piñuela”, señaló un comunicado del tribunal regional, con sede en Costa Rica.

 
 Según la entidad, las víctimas eran acusadas de ser simpatizantes o colaboradoras de los grupos guerrilleros que actuaban en la región.
 
El Estado colombiano reconoció ante la corte su responsabilidad por algunas de las acciones detalladas en la sentencia, no así su responsabilidad por la colaboración entre paramilitares y las fuerzas armadas, aseguró el tribunal.

“La Corte estableció que como consecuencia directa de los hechos del caso, los familiares de las víctimas directas han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral”, añade la sentencia.

Por esto, se ordenó a Colombia continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas.

También ordenó levantar un monumento en la memoria de las personas desaparecidas y ejecutadas y pagar una indemnización a los familiares por concepto de daño material e inmaterial.

Otra condena

En otro caso de ejecuciones extrajudiciales, el Ministerio de Defensa y el Ejército colombiano fueron condenados por el asesinato de 3 jóvenes en 2008 y deberán pagar a los familiares de las víctimas más de 2.500 millones de pesos (cerca de 800.000 dólares).

Además, tienen que enviar copia de la sentencia condenatoria al Centro de Memoria Histórica y publicarla y difundirla “por todos los medios de comunicación” (redes sociales, página web, etc) durante un año.

El asesinato de los jóvenes, relata el Consejo de Estado, ocurrió así: un desmovilizado del Eln los engañó diciéndoles que fueran a una finca ubicada en zona rural de Ibagué para sacar una guaca.

Llegaron a una hacienda llamada ‘Los Mangos’. Allí, soldados del batallón CR. Jaime Rooke mataron a los jóvenes y “los presentaron como integrantes de grupos del crimen organizado sospechosos de preparar un plan para secuestrar al dueño” de la finca, dice el Consejo de Estado.

Por esa razón, además, el Ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y del batallón deben pedir perdón a los habitantes del barrio donde vivían los jóvenes.