La jueza española Rosa María Freire ha dictado apertura de juicio oral contra el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y tres personas en el caso de la destrucción de los computadores que el tesorero procesado pro corrupción Luis Bárcenas guardaba en la sede de la formación.

Freire atribuye un delito de encubrimiento y daños informáticos a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro; a su director jurídico, Alberto Durán; y al jefe de informática José Manuel Moreno. Al PP no le puede atribuir encubrimiento porque es una persona jurídica, pero sí el delito de daños informáticos.

En su auto, la jueza desestima el último intento del PP para no sentarse en el banquillo, con el argumento de que, si la Fiscalía no acusa y Bárcenas retiró los cargos, no puede abrirse juicio oral con la única petición de las acusaciones populares.

La jueza recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid aseguró que con el borrado de los ordenadores “se impidió con el borrado de los datos la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable transcendencia”. Así, entiende que ese hecho une los delitos de daños informáticos y encubrimiento, “que incluso operarían en concurso ideal”, según alguna de las acusaciones.

Así, Freire concluye que ahora mismo no puede entenderse que el delito de daños informáticos del que se acusa al PP tenga carácter privado, y pueda aplicarse la doctrina Botín. Eso sí, deja claro que durante el juicio puede volver a plantearse si esta doctrina jurídica impide que se condene al PP.

El PP había presentado hace una semana un escrito en el que hacía su último intento de usar la doctrina Botín para evitar el juicio. “Resulta evidente que, si el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y si tampoco concurre el interés general o público que ostenta el Ministerio Fiscal –quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la ausencia de relevancia penal de los hechos que nos ocupan-, no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones”, alegó su defensa.

Bárcenas renunció el pasado 13 de septiembre a seguir ejerciendo la acusación particular por la destrucción de sus ordenadores, con el argumento de que tenía que reducir gastos en abogados cuando su letrado en aquel entonces no había percibido un euro por sus servicios, ni se lo había reclamado.

La instrucción de la jueza Freire ha determinado que existen “indicios de un borrado a conciencia, con ánimo de destruir, no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros y que pudiera revelarse tras los correspondientes trabajos técnicos a realizar por las unidades policiales especializadas”.

Vía El Diario