Hace más de un mes que los médicos bolivianos no atienden pacientes con normalidad. El sector protesta desde la promulgación de un decreto y un nuevo Código Penal que pretenden regular su funcionamiento y vigilar el cumplimiento de la buena práxis.

El caballito de batalla de los doctores para paralizar la atención al público ha sido el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal que aumenta las sanciones en contra de los médicos que, producto de una mala práctica profesional, dañen la salud de un paciente. endurece las sanciones contra los médicos que dañen la salud del paciente, o le causen la muerte, por una mala práctica profesional.

Esta norma fija además una reparación económica, que se cumplan las posibles instrucciones judiciales (como por ejemplo trabajo comunitario) y pena cárcel en casos de lesiones muy graves o muerte. En este escenario, las sanciones de prisión irán entre 2 y 6 años, según cada caso.

La norma establece no obstante que el médico no tendrá una responsabilidad penal si, por ejemplo, no tuvo tenido a su disposición los medios técnicos indispensables para hacer bien su trabajo o cuando el daño en el paciente sea consecuencia de otros riesgos o reacciones difíciles de prever por el especialista.

En cualquier país, esta norma tendría un apoyo mayoritario entre la población. De alguna forma busca proteger a los pacientes de las prácticas irresponsables de los doctores, sin embargo, en Bolivia han sido consideradas como una forma más de control estatal.

A esto se suma la intensión del Gobierno de Evo Morales de crear la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social, que se encargará de regular y controlar a los servicios médicos públicos, los centros privados y la Seguridad Social de Corto Plazo.

Esta nueva oficina, podrá realizar auditorías para fiscalizar el funcionamiento y la atención a los pacientes en todos los centros médicos del país.

En el mismo sentido, el Gobierno pretende controlar los precios de las consultas médicas privadas a través de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social. Según diferentes declaraciones, la ministra de Salud, Ariana Campero, afirma que el Gobierno no pretende ir en contra de los privados y tampoco busca hacer entrar crisis económica a ninguna clínica privada pero considera que las tarifas deben ser reguladas y consensuadas con el sector.

REACCIONES

Aunque las medidas apuntan a una normalización de un sector vital, los médicos bolivianos se han mostrado renuentes a acatar cualquier iniciativa que busque normar su profesión. Más de un mes de huelga y movilización han dejado a miles de pacientes sin atención, algo que no ha logrado quebrar su voluntad en contra de las normas.

Incluso, desde su dirigencia se ha anunciado en varias ocasiones -un poco más con deseo que con hechos- que otros sectores de la población se sumarán a la protesta, como en el caso del transporte.

El fondo, sin embargo, tiene más que ver con el contexto político nacional: la protesta se ha convertido en una plataforma para hacer frente al fallo del Tribunal Constitucional a favor de una nueva repostulación de Evo Morales el pasado 29 de noviembre.

Desde el gobierno se ha denunciado la supuesta penetración política del sector salud y diferentes ministros han señalado que la movilización ha sido utilizada por los grupos políticos opositores que buscan debilitar al gobierno.

Como sea, los doctores han logrado convocar a masivas manifestaciones callejeras y a pesar de las molestias que genera su paro entre los vecinos, en términos mediáticos han logrado imponer su visión contra la del gobierno.

Este lunes ambos bandos se vieron de nuevo las caras en una reunión que busca poner fin a la huelga de más de 40 días.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, aseguró que en el inicio del proceso de diálogo con el Gobierno se logró alcanzar avances importantes. En la reunión participa el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, y el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles.