El 2018 será un año clave -cliché detectado-  para América Latina. Todos lo son pero en este hay elecciones presidenciales en tres de las cuatro primeras economías de la región y asuntos claves como el proceso de paz en Colombia dependerán en buena parte de los resultados.

Durante este año se elegirá presidente en  Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela.

La primera elección presidencial será el 4 de febrero en Costa Rica, en coincidencia con una consulta popular en Ecuador. Le seguirán Paraguay en abril, Colombia en mayo —y probablemente en junio—, México en julio y Brasil en octubre. La única incógnita es Venezuela, aún sin fecha.

 

BRASIL

Los comicios de octubre serán los más imprevisibles desde 1989 y se dan en un contexto de extrema polarización tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por un impeachment vinculado a su presunta responsabilidad en casos de corrupción. Las elecciones de este año podrían ver de vuelta al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores. Sin embargo, aun no está claro si el expresidente podrá presentarse a los comicios para hacer frente a la derecha del actual presidente Michel Temer, pues pesa sobre él una sentencia por un presunto caso de corrupción. En ese caso, una de las grandes incógnitas es si Lula podrá transferir su popularidad como hace ocho años con Rousseff. 

La incertidumbre es similar en la derecha. El escándalo de los sobornos de la estatal petrolera Petrobras ha desgastado su imagen y cada vez quedan menos políticos con las manos limpias en el sector. El veterano gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmim, del partido centroderechista PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), tratará de vencer su debilidad en los sondeos. Desde hace 24 años en el poder del principal Estado brasileño, Alckmim intentará atraer el sentimiento anti-Lula con algún gesto de política social que lo haga ser más del gusto de la región noreste del país, la más pobre. Esto como forma de maquillar su rumbo neoliberal como la reforma al sistema de pensiones.

En un principio, el presidente Temer no se sumará a la carrera presidencial y la derecha más dura estará representada por el diputado y militar retirado Jair Bolsonaro, que ha logrado aparecer en las encuestas a punta de insultos contra Lula y el denominado progresismo. Sin embargo, los analistas consideran que el fenómeno Bolsonaro tiene un techo porque el candidato ultraderechista no tiene una plataforma social en un país en el que el 70% de los electores tiene ingresos familiares de no más de dos salarios mínimos.

El año en Brasil empieza marcado por un nuevo capítulo de la teleserie judicial de Lula da Silva, acusado en la megaoperación Lava Jato por haberse lucrado, presuntamente, al facilitar contratos públicos a empresas. El expresidente ya fue condenado en una de las demandas por el juez Sergio Moro y el día 24 de este mes, un tribunal superior resolverá si confirma o no la pena. No obstante, queda un largo camino de recursos judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo, y el PT ya ha manifestado su intención de ir hasta el final para mantener a Lula da Silva en la carrera presidencial.

Los sondeos más recientes sitúan a Lula como el gran favorito para ganar las elecciones: el recuerdo del salto cualitativo que vivieron los brasileños más pobres sigue siendo un importante sustento para el expresidente: según el diario El País, el Instituto Datafolha de São Paulo estima que el 38% de los electores son “lulistas” y tienen al menos la intención de votar a quien el expresidente designe para sustituirlo si no puede concurrir. Bajo este escenario podrían surgir algunos candidatos considerados suplentes de Lula, como el exministro de centroizquierda Ciro Gomes o incluso la exministra y ambientalista Marina Silva.

Uno de los clichés más repetidos en los procesos electorales en Brasil es que, al final, todo se define en las campañas de televisión, donde a los candidatos se les da un tiempo gratuito para vender sus programas, según los apoyos que obtengan de partidos políticos. Esto suele cortar las alas a cualquier candidato alternativo o independiente. 

 

COLOMBIA

 

En Colombia el eje político se moverá en torno al proceso de paz que en noviembre de 2016 logró la desmovilización de la guerrilla más antigua del mundo. El sucesor de Juan Manuel Santos será el encargado de la implementación de este acuerdo o, como propone el sector representado por el ex presidente Álvaro Uribe, cambiar por completo las condiciones del pacto que ha logrado disminuir considerablemente los índices de muertes por el conflicto interno del país. 

Uno de los temas más polémicos del acuerdo se verá cuando los antiguos combatientes de la guerrilla lleguen al parlamento mediante curules especiales y su líder Rodrigo Londoño, alias Timochenko, participe como candidato a la presidencia. Esto aun está por verse a la espera de que el Congreso apruebe la Justicia Especial para la Paz, un marco judicial que podría dejar a Londoño y varios de sus aliados fuera. 

Más allá de las formalidades, el contexto político colombiano es de polarización extrema en torno al proceso de paz y la supuesta entrega del país a un grupo insurgente que mantuvo una guerra civil por más de cincuenta años. Las heridas de las víctimas de la guerra son profundas y muchos consideran que no puede haber paz sin justicia. Como imagen de fondo, el narcotráfico sigue alimentando a distintos grupos delictivos que ven en este y la constante demanda de droga, un lucrativo negocio. 

Después de más de un año de precampaña, la carrera electoral ha comenzado a definirse en torno a seis nombres, representantes de las principales familias políticas. Las encuestas muestran un panorama fragmentado, con un pulso entre quienes apoyaron y rechazaron los acuerdos de paz, y la necesidad de formar alianzas, en primera o segunda vuelta o incluso antes de los comicios legislativos convocados para mayo. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y antiguo gobernador del departamento de Antioquia, encabeza la mayoría de los sondeos. Defiende la reconciliación del país como prioridad social y rehúye de las etiquetas ideológicas. No obstante, concurrirá con la líder del Partido Verde, Claudia López, y el progresista Polo Democrático, de Jorge Enrique Robledo, bajo las siglas de la Coalición Colombia.

En el espectro más conservador destacan tres figuras: Germán Vargas Lleras, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. El primero, dirigente de Cambio Radical, fue vicepresidente de Santos hasta marzo de 2017. Duque es “el que diga Uribe”, como se denominó al aspirante del Centro Democrático, la formación de Uribe, pero tras el acuerdo alcanzado por este con el también expresidente Andrés Pastrana tendrá que medir apoyos con Ramírez, del Partido Conservador y exministra.

El ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, que en un sistema político tradicional ocuparía un espacio marcadamente de izquierdas, aparece también, de momento, entre los favoritos. No obstante, su movimiento debería buscar el apoyo de otros sectores y no descarta tratar de involucrar a Humberto de la Calle, pero el candidato del Partido Liberal se ha mostrado prudente con respecto a sus planes. De la Calle fue el jefe del equipo negociador del Gobierno con las FARC, es abogado y tiene una larga carrera política. Su proyecto político busca rebajar el clima de creciente indignación de los colombianos y desconfianza en las instituciones con un programa rotundo contra la corrupción.

 

MÉXICO

El contexto de México es el peor en su historia: durante este año se registró la tasa de homicidios más alta desde que se tiene memoria y el crimen ligado al narcotráfico parece no dar tregua. Si el gobierno de Felipe Calderón fue considerado como el de la guerra, el gobierno de Enrique Peña Nieto puede bien ser visto como el sexenio perdido.  Los casos de corrupción golpean continuamente al círculo más próximo de Peña Nieto y cuando no, azotan al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

El combate para reemplazar a Peña Nieto nunca ha cesado y se estima bastante apretada, pues tres candidatos podrían llegar hasta los comicios con importantes opciones de hacerse con la presidencia mientras que al norte de su frontera tienen que lidiar con las constantes amenazas de Donald Trump y la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU y Canadá.

A la cabeza de todas las encuestas aparece el líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador, dos veces candidato y representante de Morena, un partido que creó a su imagen y semejanza cuando abandonó el PRD al inicio de este sexenio. Esta sería la última vez —según ha dicho— que López Obrador intente lograr la presidencia que perdió en 2006 por medio punto ante Felipe Calderón. A pesar de encabezar las encuestas, el líder de Morena sigue transmitiendo una imagen negativa para un amplio espectro del electorado de derecha, que lo considera una amenaza para el país, lo que le impide terminar de despuntar en los sondeos.

En el oficialista PRI las cosas no están para festejar. Su nivel de decadencia es tal que han optado por un candidato “independiente”: José Antonio Meade, el ex secretario de Hacienda de Peña Nieto y único funcionario de Calderón en repetir el plato.

La derecha más dura se ha tratado de mostrar como una alternativa al PRI y su corrupción institucional y a la “amenaza del comunismo” -sarcamos detectado- de López Obrador. Así, el Partido de Acción Nacional (PAN) llegará a los comicios con Ricardo Anaya y en sociedad con el progresista PRD y Movimiento Ciudadano, una coalición unida con chicle, con profundas diferencias ideológicas en su interior. 

Mientras tanto, las encuestas las encabeza López Obrador a la espera de que se termine la recolección de firmas de los candidatos independientes. Hasta ahora solo Jaime Rodríguez “El Bronco” y Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón parecen tener garantizado un lugar.

Los retos del sucesor de Peña Nieto son, tristemente, los mismos de hace años: frenar la guerra civil en torno al narcotráfico y abordar los problemas de corrupción e impunidad. 

 

 

VENEZUELA

En Venezuela no hay certeza más allá de mañana. El 2017 fue uno de los años más duros de la historia reciente de ese país, con una racha de protestas que se saldaron con más de 100 muertos y una Asamblea Nacional -Parlamento- en la clandestinidad, al ser reemplazada de facto por una Asamblea Constituyente oficialista que terminó de minar la imagen democrática de Nicolás Maduro. 

La oposición participó de las elecciones regionales -donde denunció fraude- y se dividió en los comicios municipales de diciembre: en ambos el oficialismo se impuso entre crítica y denuncias de fraude y altas tasas de abstención. En tanto, la hiperinflación no da tregua ante una  incompetente gestión de la política monetaria,  una corrupción rampante y el hundimiento de la petrolera estatal, Pdvsa, coronan este dramático panorama.

Las elecciones de este años son una luz de esperanza para la oposición de la Mesa de Unidad Democrática, que aspira a poner fin a 19 años de gobiernos Chavistas. Si bien las elecciones deberían realizarse este año, con el gobierno de Maduro nada está claro. El presidente ha declarado que habrá votación y que él se presentará a la reelección. Sin embargo, las condiciones en que se produzcan los comicios podrían condicionar su resultado al dejar por fuera a los principales partidos opositores. 

El sucesor de Hugo Chávez pretende castigar a las formaciones mayoritarias de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por boicotear la elección de alcaldes. El mandatario aprovechó esta circunstancia para intimidar a los partidos de sus principales adversarios (Voluntad Popular, de Leopoldo López; Primero Justicia, de Henrique Capriles; y Acción Democrática, de Henri Ramos Allup) y advertirlos de que no podrán presentar candidatos. Días después, la Asamblea Constituyente dio el primer paso para la prohibición de esas formaciones, que de momento se traduce en obstáculos administrativos.

Si Maduro cumple su amenaza, no solo convertiría la celebración de las elecciones en una farsa, sino que dinamitaría de forma irreversible los últimos intentos de diálogo, que tras repetidos fracasos se celebran desde hace unos meses en República Dominicana. Además, contribuiría a incrementar la presión de la comunidad internacional, sobre todo de EE UU, de los países vecinos y de la Unión Europea. Las conversaciones con la oposición han estado acompañadas en 2017 de gestos que la MUD considera insuficientes, como las liberaciones de algunos presos políticos o la concesión del arresto domiciliario a Leopoldo López.

Sin embargo, la convocatoria de comicios presidenciales constituye la principal reivindicación desde hace años. Esa cita es vital para la reactivación de la Mesa, que atraviesa uno de sus peores momentos, marcado por tensiones internas y divisiones. La semana pasada la coalición admitió en un comunicado “graves errores y omisiones” y se comprometió a recuperar la unidad y a elegir un candidato único para las próximas elecciones, que todavía no tienen fecha.