Cuando se creía que la compra de votos era un mal del siglo XX, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicano vuelve a sacar la pelota del estadio, resolviendo que es posible que los partidos de ese país entreguen monederos electrónicos como propaganda electoral.

Lo de monedero electrónico es una forma de maquillar el verdadero carácter del regalo: simple dinero, lo que acerca la polémica decisión del tribunal a la legalización de la compra de votos.

Aunque esta práctica se encontraba prohibida, el PRI, partido del presidente Enrique Peña Nieto, interpuso un recurso para anular la prohibición sobre esta propaganda.

Según el diario mexicano Excélsior, el fallo se da por simples tecnicismos en donde el Tribunal considera que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene la potestad para prohibir la entrega de este tipo de regalos.

El magistrado  José Luis Vargas, señaló al medio que “el Consejo General del INE se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias” al prohibir esta medida, luego del reparto de miles de tarjetas “rosas” por parte del PRI en Coahuila y el Estado de México, durante las elecciones intermedias.

Estas tarjetas se entregaron durante la campaña a gobernador del 2017 bajo el concepto de “Salario Rosa”, enfocada a mujeres bajo la promesa de que en el caso de ganar el candidato del PRI, su tarjeta sería activada para que pudiesen retirar dinero en efectivo.

Lo más curioso es que en muchos casos, los plásticos ni siquiera funcionan.

Hasta ahora se encontraban prohibidas después de que el Consejo General del INE resolvió que las tarjetas “Mi Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción”, utilizadas en la campaña del candidato del PRI, Miguel Riquelme, son gastos sin objeto partidista.

Curiosamente su prohibición se da por considerarse un gasto fuera de la lógica de la campaña, no por ser una compra de votos.

La entrega de dichas tarjetas contravino el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que los partidos políticos tienen la obligación de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”, informó el INE en un comunicado.

Ofrecer un beneficio concreto, personalizado y específico es un gasto de propaganda qu ese convierte en una promesa de dádiva, y consecuentemente es un gasto indebido, opinó el consejero presidente, Lorenzo Córdova al medio Aristegui Noticias.