Mal SalvajeLa policía chilena está contra las cuerdas: la fiscalía de ese país acusó a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile (Dipolcar) de haber montado o al menos alterado pruebas en una operación en contra de miembros del pueblo mapuche.
Y para aumentar el escándalo, cuando se ordenó la investigación de la unidad, la institución se negó a abrir sus puertas a la Policía de Investigaciones y rodeando la comisaría de Temuco en donde se encontraban los computadores que debían ser investigados con unidades de Fuerzas Especiales como en los mejores tiempos de Pinochet.
La denuncia se desprende de la denominada Operación Huracán: un despliegue policial para dar con los autores de una serie de atentados incendiarios en el sur de Chile y por el cual se detuvo a ocho mapuches a fines de septiembre de 2017.
Los montajes incluirían pruebas de Whatsapp falsas y mensajes de correo electrónico que nunca existieron.
La denuncia de la Fiscalía -que pidió a un tribunal anular todo el juicio por falsedad de pruebas- se produce después de que la policía acusara a una de las abogadas asistentes de la fiscalía de filtrar información a un imputado.
El Juzgado de Garantía de Temuco acogió a trámite la acción judicial del fiscal Luis Arroyo. En el documento se indica que el 26 de diciembre fue notificado de la investigación contra Mónica Palma, abogada asistente, por el delito de obstrucción a la investigación. Además, se menciona un supuesto encubrimiento que Arroyo habría concretado sobre esta situación, que tendría su origen una supuesta relación sentimental con la funcionaria.
En la querella, el persecutor expone que la investigación tiene su origen en un oficio emitido por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, en el cual el general inspector Gonzalo Blu relata al fiscal nacional, Jorge Abbott, que tras invocar la Ley de Inteligencia, se obtuvieron mensajes de la abogada Palma, quien habría entregado en septiembre de 2017 información que llegó a manos de miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
A juicio de Arroyo, el supuesto montaje buscaría “crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo, y a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas”.
El fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía agrega además que no está dispuesto a realizar “cualquier diligencia investigativa o medida intrusiva sin cuestionar las formas ni medios a través de las cuales se obtiene la información en que éstas se fundan” y que este estándar “es aún más patente en el ámbito de los delitos de violencia rural a mi cargo, siendo aún mayores las diligencias del día a día que se imponen en la dirección de investigaciones penales (…) en la búsqueda de un trabajo investigativo de calidad, no he estado dispuesto a aceptar errores y omisiones en el trabajo investigativo y exijo apego irrestricto a las normas y garantías legales y constitucionales en cada diligencia”.
Este es uno de los mensajes presuntamente montados por la policía