Hace unos días,  un amigo me escribió con la alarma de la revelación: tengo una denuncia heavy contra Gonzalo Blumel, el futuro ministro de Piñera. Una bomba que podría tumbar al primer ministro de la derecha, decía con la alegría eufórica del periodista satisfecho.

Según él, había encontrado un documento que demostraba irregularidades cometidas por el próximo Secretario General de la Presidencia de Chile durante su paso por esa misma cartera durante la gestión pasada de Piñera, cuando fue jefe de asesores del segundo piso de La Moneda. 

Blumel es el ministro más joven del futuro gobierno con 39 años. Desencaja de la línea dura de amigos y colegas empresarios que Piñera eligió para su nuevo equipo de trabajo y ha sido catalogado por la prensa conservadora como un “progresista” que incomoda a la ultraderecha al interior del futuro gobierno. 

La misma prensa ha caricaturizado a Blumel como un rockero -por escuchar y maltocar a Víctor Jara mientras comparte asiento con los defensores de sus asesinos- y un outsider que aporta el carácter juvenil al gobierno empresarial. En facebook tiene fotos en Machu Picchu y pocos amigos -pero influyentes- como el ex y futuro ministro Andrés Chadwick.

“Pues  parece que tiene tejado de vidrio el compadre”, insistió mi amigo como preludio de su revelación, un gancho periodístico al mentón del piñerismo. 

La prueba irrefutable de las supuestas malas prácticas de Blumel estaba en un link de Gobierno Transparente: “Lo tuve que buscar con su rut, porque no aparecía con el nombre, seguro lo fondearon para que no lo cacharan”, me dijo con tono de espía.

Las pruebas están en este enlace:  Acá.

En pocas palabras, se trata de un convenio privado entre el ministerio donde trabajaba Blumel -primero a honorarios y después como personal de planta- y el colegio Los Sagrados Corazones de Manquehue, de donde se graduó y donde por entonces estudiaba su hija. 

Según el documento, durante el 2012 el  Estado chileno pagó once cuotas mensuales de 115.000 pesos (1’265.000 totales) por la educación de una de las hijas del futuro ministro.

“Curiosamente, esta corruptela sucedió durante el gobierno que más se oponía a la educación gratuita”, sugirió mi amigo, por si yo aún no veía el “delito”. 

El mismo documento apela a lo establecido en el Titulo II del Libro II del Código del Trabajo que hace referencia a la protección de la maternidad. Según esta norma, el empleador -incluyendo al Estado- está obligado a pagar la sala cuna de los hijos de sus empleadas mujeres y, en el caso de los hombres, es opcional. El beneficio es obligatorio hasta los dos años del menor y opcional hasta los seis.

En pocas palabras, lo de Blumel fue completamente legal y de nada importa que durante el año en que recibió este regalo del Estado ganara además 6’073.004 pesos mensuales como Jefe de la División de Estudios del mismo ministerio. 

“¿Pero cómo va a ser legal si ellos mismos decían que la educación es un bien de mercado?”, replicó enrabiado mi informante. 

Para el común de los chilenos, este beneficio se aplica mayormente en las guarderías de la Junji, recintos que no fueron dignos de confianza para Blumel y sus amigos en el primer gobierno de Piñera y que tampoco es un delito.

Eso no quita que el gobierno que tanto habló de que había que pagar la educación y se agarró con los líderes estudiantiles de la época, le daba educación gratuita a los hijos de sus altos funcionarios.

La furia de mi amigo era incontenible: como él, muchos chilenos piensan que recibir ayuda del Estado en esos términos puede suponer algo fuera de norma pues los administradores de la res se han dedicado a pregonar aquí y allá que nada es gratis en la vida, que el Estado solo administra, que el mercado se regula y la competencia es buena. 

Sin embargo, el trato que recibió el futuro ministro dista mucho del que recibe la media de los chilenos y varios informes han demostrado que las leyes de protección laboral a las mujeres -como el derecho a la sala cuna- han resultado contraproducentes a la hora de la contratación, pues han desincentivado su contratación.

El hecho de que una persona que gana el equivalente a 24 sueldos mínimos, como el caso de Blumel en el 2012, reciba ayuda del Estado no debiera ser visto como una falta: la idea de incorporar esta protección como un derecho no debe ser excluyente y es ahí donde el futuro ministro debe dar la cara: ¿si él se benefició de este servicio, por qué no deben recibirlo todos los chilenos?

Es curioso -y triste- que el discurso del mercado haya ganado en Chile hasta el punto de sospechar de cualquier ayudar o beneficio. Los chilenos están tan acostumbrados a ser ultrajados por un mercado altanero que les cuesta cuestionar la idea de que el Estado debe garantizar derechos. 

No es un delito lo de Blumel, por el contrario, el delito es que no sea un beneficio para todos los chilenos.