Javier Delgado, alcalde del municipio boliviano de San Buenaventura, al norte de La Paz, fue castigado por sus vecinos, acusado de realizar una mala gestión, amarrado de una pierna a una trampa para animales.

La imagen del hombre atrapado por un cepo recorrió la prensa boliviana y generó una serie de cuestionamientos por tratarse de un castigo “retrógrada”. Sin embargo, este tipo de reprimendas hacen parte de los castigos “originarios” aceptados por las leyes bolivianas.

Curiosamente, el propio Delgado reconoció a el diario El Deber que es la tercera vez que se somete a un castigo de esta naturaleza, ya que en el 2015 y 2016 pasó por situaciones similares. 

“Este castigo más que físico es moral, se ha visto que me quieren denigrar, mostrándome como un niño que ha sido castigado por algo que ha hecho mal. Hay gente que no sabe lo que hace, debido a la desinformación“, declaró a la prensa boliviana. 

Habitantes de San Buenaventura promueven el referendo revocatorio contra la autoridad edil, al considerarla “mentirosa”; él se justifica y advierte que hay intereses económicos detrás del intento de sacarlo de la Alcaldía.

Sostiene que los dirigentes que lo sometieron a una hora al cepo luego pidieron disculpas a los demás presentes. Manifestó que no presentó objeción para evitar enfrentamientos o intransigencia.
Bolivia tiene una peligrosa tradición de castigos físicos a sus autoridades que van desde colgar presidentes en la plaza principal de La Paz como le sucedió a Gualberto Villarroel en 1946, hasta el linchamiento, como pasó en 2002 con el alcalde de la comuna paceña de Ayo-Ayo, atado y quemado.
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