La justicia de Estados Unidos finalmente dio inicio al juicio civil en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada “Goni” y su ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, ambos refugiados en ese país, luego de huir de Bolivia dejando una estela de más de 60 muertos en octubre de 2003.

Goni y Sánchez Berzaín, todavía influyentes en la política boliviana, serán juzgados en un proceso civil que busca un resarcimiento económico para las víctimas y sus familias, el único proceso posible por ahora, según declaró a Opinión el abogado boliviano Rogelio Mayta, uno de los impulsores de este caso.

“Se vio todas las alternativas, para que un juicio sobre este caso pueda prosperar en Estados Unidos y la vía civil era la única posible. Esto no significa que se renuncie al proceso penal; esas dos exautoridades deben ser juzgadas en Bolivia e ir a la cárcel, pero para eso es necesario que se logre su extradición y este juicio puede ser un importante antecedente para eso”, explicó Mayta.

La preparación del proceso, su tramitación, la entrega de las pruebas y la presentación de testigos demandaron casi 10 años, con una denegación del juez y objeciones interpuestas por los abogados de los dos demandados, en medio.

“Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín han tenido una defensa férrea que ha recurrido a varios recursos para tratar de frenar la apertura del proceso. Todo esto ha sido posible por la persistencia de los familiares y gracias a los abogado de Estados Unidos que llevan el caso, particularmente gracias a Thomas Becker”, dijo Mayta.

En la represión militar de octubre 2003 fallecieron más de 60 personas y centenares quedaron heridas; sin embargo, este proceso civil es solo por ocho. “Técnicamente era imposible ver los más de 60 casos, también tuvo que ver el factor económico de las familias. Los abogados de EEUU llegaron y evaluaron, se eligió los casos más emblemáticos, pero eso no significa que los otros estén olvidados”, afirmó.

El presidente Evo Morales volvió a pedir al gobierno de Donald Trump no proteger a Sánchez de Lozada y colaborar en su extradición y la del exministro. Sin embargo, ese es un trámite diferente, que fue rechazado por Washington en septiembre de 2012, por aspectos de forma, y que volvió a la fase de revisión, en la justicia boliviana.