La migración se ha convertido en un tema polémico durante los años recientes en Chile: la llegada de extranjeros en busca de mejores condiciones de vida ha generado un debate sobre la necesidad de una reforma en la política migratoria del país y desde la derecha política muchos han llamado a prohibir la entrada de extranjeros -pobres- al país. 

Como respuesta al maremoto de imbecilidad que suele flanquear estos temas, el estudiante de Derecho, Arturo Subercaseaux, está en una cruzada para desmentir los mitos sobre la migración en nuestro país.

A través de su cuenta de Twitter lanzó una serie de argumentos que refutan las posturas xenófobas .

“Soy usuario de Twitter hace harto tiempo y creo que ahí el ambiente que se ha formado sobre el debate migratorio es muy dañino y peligroso, porque gente que uno que ve común y corriente, se expresa de manera muy odiosa, con muchos prejuicios, con muchos estereotipos raciales, y se me ocurrió redactar algo que fueran hechos indesmentibles para aterrizar el debate”, sostuvo el estudiante a La Cuarta.

Según él, ese odio insensato viene del miedo a los cambios culturales y la pérdida de servicios (¿da servicios el Estado chileno?).

“Yo creo que corresponde hacerse cargo del tema del miedo, no creo que exista algo como un odio, no sé si existe un odio racial profundo, pero sí creo que existe el miedo a este fenómeno desconocido”, afirmó.

Estos son los 20 argumentos contra los mitos sobre la inmigración:

1. Nuestra Ley de Migraciones es la más antigua de América Latina, de 1975, y fue creada en un contexto de una dictadura.

2. Los haitianos no requieren visa de turista.

3. El ingreso como turista sólo requiere exhibir pasaporte. No existe ningún “mercado de visas de turismo”, porque a Haití no se le pide.

4. Migrantes pobres o clase media contribuyen al Fisco bajo las mismas reglas que un chileno: sólo IVA. ¿Por qué deberían tener menos derechos?

5. Los migrantes “irregulares” son sólo quienes ingresan clandestinamente y quienes “sobreextienden” su estadía.

6. En 2016-17 ingresaron a Chile 153 mil haitianos y más de 250 mil venezolanos. Y los segundos siguen siendo más.

7. Si se prueba trata de personas o explotación laboral, haitianos son VÍCTIMAS, no delincuentes.

8. Gasto público en migrantes: $207 millones de dólares. Pero pagaron $490 millones en impuesto a la renta y $913 millones en IVA.

9. Haitianos pobres migran predominantemente hacia República Dominicana.

10. La Ley Migratoria permite que una persona ingrese legalmente como turista, por un plazo de 90 días, y que durante su estadía pueda cambiar a visa de “residente sujeto a contrato (de trabajo)”. Es perfectamente legal bajo la ley vigente.

11. Ni nuestra Constitución ni leyes discriminan según nacionalidad. Se reconocen en Chile DD.HH. a toda persona en territorio nacional.

12. Existe una comunidad muy arraigada de más de 130 mil peruanos que dinamizaron el mercado.

13. Migrantes pobres en su mayoría ocupan puestos de trabajo que chilenos ya no estaban dispuestos a realizar.

14. El 30% de los haitianos residentes en Chile tiene un título profesional, y en la población local es el 41%.

15. Fenómeno migratorio haitiano es un desplazamiento de jóvenes profesionales o con educación media completa.

16. Éxodo haitiano no es nuevo, sólo cambió el destino. Post terremoto de 2010 haitianos migraron en cientos de miles a Brasil. Sobrevino la crisis brasileña del 2014 y dejó de ser opción.

17. Ideas del tipo “pacto secreto de Bachelet con la ONU para importar haitianos a 3.000 dólares per cápita” deben tratarse como extravagantes conspiraciones.

18. Como corresponde nomás, el Gobierno presentó querella contra responsables por irregularidades en ingresos y salidas de haitianos.

19. Puede haber empresas haitianas vendiendo “pasajes a una nueva vida”, prometiendo alojamiento y trabajo. Investigar es justo, pero no es culpa del inmigrante.

20. Nuestro Tribunal Constitucional reconoció expresamente que “toda persona tiene el derecho a emigrar de su país”, y que “el deber estatal de recibir es una cuestión sometida al derecho interno de cada Estado, pero cumpliendo las obligaciones del derecho internacional.