Muchas mujeres argentinas pueden considerar este 20 de marzo como el día en que las leyes de su país comenzaron a revisarse en función de la libertad sobre sus cuerpos, después de que un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados defina hoy cómo se llevará a cabo el debate parlamentario sobre la legalización del aborto.

Esto, sin embargo, no asegura nada. Por el contrario, las matemáticas políticas dan una ventaja a las fuerzas conservadoras que se oponen al aborto legal, aun cuando esta práctica le cueste la vida a miles de mujeres.  

Según estimaciones oficialistas, el debate tardará entre dos o tres meses en el Parlamento y se produce en un escenario de marcada paridad y de gran incertidumbre. Según los conteos hechos hasta el momento, la definición está en manos de unos cincuenta diputados que aún no decidieron su voto o que mantienen su postura en secreto.

El proyecto principal, elaborado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, lleva la firma de 71 diputados, la mayoría de ellos opositores.

La primera tarea será burocrática: fijar un cronograma y la modalidad del debate en comisión. Por ahora, la discusión gira en torno de la cantidad de expositores que podrá inscribir cada diputado. Si se permiten hasta cinco, como proponen los detractores de la legalización, la lista podría totalizar más de 1200 expositores, lo que pondría en riesgo el compromiso de llevar el tema al recinto antes de mitad de año.

Para evitar incidentes, avanza un acuerdo para impedir el ingreso de manifestantes y para que los expositores que respaldan la legalización y los que la resisten expongan en días separados.

Según estimaciones, cada año se producen en Argentina 500.000 abortos y los impulsores de su legalización aseguran que son miles las mujeres que mueren por no contar asistencia hospitalaria. Sin embargo, los autodenominados “provida” aseguran que solo un 0,025% de las muertes de mujeres corresponden a abortos, lo que supone cerca de 50 mujeres al año.