La aventura del ex presidente de la generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se acabó. Un juez de Neumünster, al norte de Alemania, decidió mantenerlo en prisión preventiva a la espera del trámite de la orden de detención europea solicitada por España, cinco meses después de que saliera del país donde se le acusa de rebelión y malversación de fondos.

Desde ahora, la justicia alemana tendrá un plazo de 60 días -prorrogable por otros 30- para definir si extradita al líder independentista a España. 

Puigdemont fue detenido el domingo en la mañana por la policía alemana tras cruzar la frontera con Dinamarca, en su camino de regreso a Bélgica, donde reside desde hace cinco meses, tras la fallida declaración de independencia en Cataluña. 

En su aparición ante el juez, Puigdemont “parecía calmado y sereno”, según contó el fiscal regional Georg-Friedrich Guentge, a un grupo de periodistas.

Los analistas jurídicos aseguran que el debate ahora no será si Alemania entrega o no a Puigdemont, algo que se da por descontado, sino en qué delito estará basada la extradición. La ley alemana para el delito de alta traición -el símil de rebelión en España- requiere de violencia, por lo que podría no ser aplicable en este caso, toda vez que la violencia del 1 de octubre fue protagonizada principalmente por la Guardia Civil. 

El eje de la defensa del ex president será que en España Puigdemont no tendrá un juicio justo, pues carece de garantías para un debido proceso que de prosperar podría condenarlo a más de 20 años de prisión por liderar el proceso independentista de Cataluña.

Más allá de a decisión del juez, en Cataluña la sensación es de persecución política por lo que las fuerzas detrás del movimiento independentistas están tratando de articular un gobierno que ponga fin a la intervención de Madrid en la autonomía regional  e incluso, tras la deteneción de Puigdemont, han vuelto a coquetear con la idea de investir al ex president.