El ex presidente de la Generalitat de Cataluña comparecerá este lunes ante un juez de Schleswig-Holstein en el norte de Alemania después de pasar la noche detenido tras cruzar la frontera con Dinamarca, en el que será su primer enfrentamiento con la justicia de ese país en el proceso de extradición pedido por España, que lo acusa de delitos de rebelión y sedición.

El eje de la defensa del ex president será que en España Puigdemont no tendrá un juicio justo, pues carece de garantías para un debido proceso que de prosperar podría condenarlo a más de 20 años de prisión por liderar el proceso independentista de Cataluña.

Según señaló su abogado a medios de comunicación catalanes, el juez tiene 48 horas para decidir si lo deja en libertad con medidas cautelares -como ya sucedió en Bélgica en noviembre pasado- o lo mantiene en la cárcel mientras resuelve la Ola Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que reactivó el juez Pablo Llarena el viernes pasado contra él y otros líderes del “proces”.

Más allá de a decisión del juez, en Cataluña la sensación es de persecución política por lo que las fuerzas detrás del movimiento independentistas están tratando de articular un gobierno que ponga fin a la intervención de Madrid en la autonomía regional  e incluso, tras la deteneción de Puigdemont, han vuelto a coquetear con la idea de investir al ex president. 

Para ello, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha reunido a diputados, exdiputados y miembros de la sociedad civil en el auditorio de esta entidad donde leyó una declaración que pide que se forme “un frente común en defensa de la democracia y los derechos fundamentales”.

“No es un choque de banderas. Emplazo a todos los demócratas de España y el mundo a que sean solidarios con nosotros. La respuesta, ahora más que nunca, debe ser cívica, pacífica, democrática y masiva. Pongamos la política en el centro”, leyó Torrent. Y ha añadido: “Insto a formar un frente unitario en defensa de la democracia. Transversal, en defensa de la pluralidad, para conseguir la libertad de las personas perseguidas. Su encarcelamiento es injusto, innecesario, propio de un régimen antidemocrático”.

 

Extradición

Uno de los motivos por los que España desisitió en noviembre de la orden de captura internacional de Puigdemont es que en caso de extradición, el ex president solo podrá ser juzgado por los delitos aceptados por la justicia del país de su detención. En este caso, en Alemania el delito de rebelión no existe, pero lo más parecido sería la alta traición, que se pena con un mínimo de diez años y una pena máxima de cadena perpetua -25 años-.

El delito requiere del uso de la fuerza o amenazar con el uso de la fuerza, como en otros países europeos, algo que desde el independentismo se descarta de plano pues se insiste en que Puigdemont solo hizo cumplir la voluntad popular de un mandato electo democráticamente.

Según el diario La Vanguardia, un vicepresidente del Bundestag, Wolfgang Kubicki, descartó una extradición de Puigdemont por el delito de rebelión. El parlamentario liberal, que es jurista, aseguró que en Alemania ese delito no existía en declaraciones a medios regionales del grupo RedaktionsNetzwerk Deutschland.

En tanto, el diario alemán Kieler Nachrichten informó de que Puigdemont se planteaba pedir asilo político en Alemania, pero su abogado no confirmó ese extremo porque no había podido hablar con él. No obstante, el diario germánico apuntaba que era muy complicado que se lo concedieran.