Sebastián Piñera quiere apovechar el vuelito: volvió a La Moneda con una votación importante y, sobre todo, el gobierno de Michelle Bachelet se despidió de mala gana, con una popularidad por el suelo que ni la sonrisa maternal de la presidenta pudo levantar.

En La Moneda saben que el momento para frenar las reformas de Bachelet es ahora, aprovechando la luna de miel de los primeros días y el desconcierto de la izquierda, que recién comienza a acomodarse al incómodo sillón del opositor.

En esa carrera, Sebastián Piñera ya dio varios golpes. El principal de ellos con ayuda del Tribunal Constitucional, considerado por muchos como una tercera cámara que, a diferencia de las otras dos, no tiene que pasar por el engorroso proceso de la democracia.

Esta semana el TC decidió que el corazón de la reforma educativa de Bachelet era inconstitucional pues prohibía el lucro en la educación superior, uno de los pilares del sector en el que más de un político -de izquierda y derecha- tienen intereses económicos.

Aunque Piñera puede descargarse diciendo que la apelación ante el tribunal la hizo alguien externo a su gobierno -es más, fue una ex funcionaria de Bachelet-, el mundo político sabe que el TC es un espacio de poder con cuotas repartidas entre los dos bloques, con mayoría para la derecha.

En la calle, además, esto importa poco: la administración del Estado es vista como la gestión de una empresa -campo en el que Piñera ha tenido un éxito muy reñido con la legalidad- y hay una sensación de sordera ante las demandas de seguridad social y educación.

Curiosamente, el primer gobierno de Piñera tambaleó desde su comienzo por las masivas movilizaciones a favor de la reforma educativa que Bachelet aprobó a medias. Por eso, los analistas políticos comienzan a preguntarse cuán sensato es de parte de Piñera reactivar el flanco de la educación, un tema sensible para una sociedad endeudada, cuando en su agenda oficial no es algo prioritario.

El legado de Bachelet se basó, además, en la despenalización del aborto en tres ocasiones especiales: violación, malformación del feto o el riesgo de salud para la madre. Allí Piñera también metió la mano: a través de un decreto eliminó un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos.

El anterior protocolo rescindía los convenios pactados entre el Estado y aquellas instituciones privadas que apelaran a la objeción de conciencia para no practicar los abortos.

En pocas palabras, el empresario hará que las empresas de salud sigan beneficiándose con el dinero del Estado aun cuando no cumplan sus compromisos con las leyes.

El ministro de Desarrollo Social de Piñera, Alfredo Moreno, antiguo presidente de la asociación de empresarios del país, anunció días atrás que su gobierno buscará mecanismos para rebajar los impuestos a los empresarios. Aunque la medida no es una sorpresa para nadie, pues el anterior gobierno de Piñera aprobó leyes a medida para este sector -incluyendo una legislación pesquera dictada textual desde las grandes pesqueras-. sí activó las alarmas de la sociedad civil sobre lo que se viene: nuevos impuestos al consumo que compensen la rebaja a los empresarios.

Con todo esto, Piñera podría perder muy tempranamente el control de la agenda política al seguir una pauta que pudo ser aplicable hace diez años, pero Chile cambió. El fracaso del modelo neoliberal para asegurar una redistribución que si no equiativa al menos dejase contenta a la mayoría ha abierto grandes cuestionamientos al destino que debe tomar el país.

Obviamente que Piñera ganó unas elecciones y con un porcentaje cómodo. Sin embargo, detrás de ese 55 % de los votos se esconde una mayoría que se abstuvo de participar en la elección y que probablemente no se quedará abajo de las movilizaciones que puedan derivar como reacción a un gobierno en contravía de las demandas populares.