El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Berzaín fueron declarados culpables por una corte de Florida de haber organizado y ejecutado un plan para asesinar manifestantes durante las protestas de octubre del 2003 que terminaron con su salida del poder. 

Se trata del primer juicio que enfrenta el ex mandatario por el caso y curiosamente se da en Estados Unidos, uno de los países involucrados indirectamente en la revuelta pues ésta surgió para frenar la venta de gas a California mediante un puerto chileno. 

El veredicto del jurado, determinado por unanimidad, señaló que se debe pagar una indemnización aproximada de 10 millones de dólares, en montos diferentes para las víctimas.

Según la radio Erbol, el jurado leyó su decisión y, entonces, la defensa de los acusados aseguró que ha encontrado inconsistencias y contradicciones en el veredicto, por lo cual pidió que el juicio sea declarado un “mistrial”, es decir que se anule por defectos de proceso.

La parte acusadora afirmó que no hay inconsistencias en el veredicto y pidió que se haga una sentencia como cuestión de derecho, que se da cuando no hay suficientes pruebas. Ante la situación el juez James Cohn decidió dar un receso mientras considera el pedido de la defensa, y llamará de nuevo a las partes para emitir su decisión.

El tribunal determinó que el próximo 4 de mayo se retormará la sesión y después se emitirá la decisión final acerca del caso, que es calificado como histórico por la relevancia de los acusados. 

El juicio de carácter civil es impulsado por familiares de ocho fallecidos en las jornadas de octubre de 2003. Se realiza en una corte federal del sur de Florida desde el 5 de marzo.

La decisión del jurado llega en el sexto día de deliberaciones.  

Un punto que se discutió en la corte de Fort Lauderdale fue la caravana de la muerte del domingo 12 de octubre, cuando murieron 19 personas. Esa fue la piedra angular de la parte acusadora, abogados estadounidenses del Centro de Derechos Constitucionales de Estados Unidos (CCR, por sus siglas en inglés), que sobre la base de esta intervención para proveer combustible a la ciudad de La Paz, convencieron al jurado que había un plan para matar civiles en octubre de 2003. Por su parte, la defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, adujo que los civiles murieron fruto del fuego cruzado entre fuerzas del orden y golpistas.

Con información de Erbol y El Deber