El discurso sobre la Madre Tierra del gobierno boliviano suele toparse con su impulso a una serie de proyectos cuestionados por agrupaciones ambientalistas y pueblos indígenas como sucede con la hidroeléctrica Rositas, un megaproyecto que dejaría bajo el agua más de 45.000 hectáreas en el departamento de Santa Cruz.

Eso, si es que logra superar un nuevo escollo judicial, después de que un Tribunal de Garantías admitiera la acción popular de indígenas de Santa Cruz y resolviera que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) deberá suspender toda actividad administrativa o jurídica relacionada con la hidroeléctrica Rositas, hasta que se lleve adelante la audiencia que defina el tema.

Días atrás las comunidades guaraníes Tatarenda Nuevo y Yumao interpusieron una acción popular en contra de la construcción de la megaobra.

¿Cómo es el proyecto Rositas?

Se trata de una mega represa hidroeléctrica con un costo de mil millones de dólares, que inundará unas 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas campesinas en el departamento de Santa Cruz. Según el diario Página Siete, unas 500 familias de esas comunidades indígenas deberían dejar sus viviendas y salir de esa zona, pero han anunciado que no lo harán.

La resolución judicial señala que mientras se realice la audiencia que resolverá el fondo de la acción popular “como medida cautelar en aplicación del artículo 34 del CPC (Ley 254) se dispone que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se abstenga de realizar cualquier actuación jurídica y/o administrativa sobre los hechos de la presente gestión”.

“Hasta el día de la audiencia pedimos medida cautelar para que se suspendan todas las actividades de ENDE, como administrativas, jurídicas, contratación de personal, mientras no se resuelva el recurso”, declaró a Página Siete el abogado de las comunidades, Nelson Lamadrid.

Lo defienden

Desde el Gobierno de Evo Morales se ha señalado que esta obra es crucial para el desarrollo de Santa Cruz y para poder exportar electricidad a Brasil. El proyecto podría generar más de 500 megavatios (MW) de electricidad con el aprovechamiento de las aguas de la cuenca del río Grande.

El 15 de septiembre de 2016 se adjudicó la construcción a la empresa china Asociación Accidental Rositas, asociada a ENDE, por mil millones de dólares que en un 80% será financiado por el banco Eximbank de China y el resto con fondos del Estado.

La indígena Ena Taborga se mostró satisfecha porque se haya admitido el recurso, no obstante dijo que se debe esperar la audiencia dónde se resolverá el caso en el fondo del asunto.

Insistió que de consolidarse el proyecto existe el riesgo que las dos comunidades mencionadas queden inundadas con graves consecuencias humanas, sociales, económicas, culturales y medioambientales.

Lamadrid anticipó que en la futura audiencia, que todavía no tiene fecha, se defenderá que los convenios internacionales y la Constitución Política del Estado establecen que no se puede realizar una obra de magnitud sin antes efectuar una consulta previa a los indígenas que podrían ser afectados.

“Se siguen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, no se ha hecho la consulta, se firman contratos, se firma con empresas, siguen entrando a las comunidades”, alertó el abogado Lamadrid.