Uno de los atributos de los que la clase política chilena suele jactarse es del “profundo carácter democrático” del país. Lo dicen, sin arrugarse, los dirigentes de lado y lado del río, incluso aquellos que besaron la mano del dictador.

Esa vocación democrática, claro, es un saludo a la bandera para maquillar detalles importantes como que algunas autorides regionales las imponga a dedo un presidente o que que las normas del juego de la democracia estén armadas para que después del suma y resta se beneficien determinados grupos.

Ahora que cuando esas normas no los favorecen, como resultó en la última elección parlamentaria, siempre hay mecanismos para ejercer el poder y parecer un demócrata.

Esta semana Sebastián Piñera aprobó una nueva ley de extranjería entre vítores populistas que apelan al nacionalismo más rancio. “Llegó la hora de poner la casa en orden”, dijo el presidente a la hora de promulgar la ley que cierra las puertas de Chile a la migración.

Con un discurso trumpiano, el presidente chileno dijo que su país no podía seguir soportando lo que venía soportando. Lets make Chile greate al tiro. Y en el espectáculo incluyó, como no, una nueva visa de “responsabilidad democrática” para los venezolanos.

Como Piñera y sus amigos no lograron la mayoría en el Congreso, el presidente prefirió evitarse ese “trámite” y despachar su ley por decreto: una norma, como la constitución chilena, elaborada entre cuatro paredes, sin un debate parlamentario como sucede en una democracia.

Pero no. Para el empresario el tránsito por el Congreso hubiese sido un tiempo muerto. Su ley, que abre la puerta a la importación de mano de obra barata sin cobertura social y sin respetar el arraigo que esos trabajadores puedan generar durante sus días en Chile.

Además de imponer su ley por decreto, destierra cualquier resabio de pasado que no sepa a empresariado pop, por eso decidió cerrar, sin decir agua va, el Concejo de Política Migratoria para crea un Concejo Nacional de Migración a su medida, donde el debate no exista pues la orientación está dada desde arriba.

Recordando al líder espiritual de su sector, Piñera ha decidido gobernar por decreto, imponiendo normas en contra del sentido del diálogo bajo el argumento nacionalista del orden.

Entonces ¿para qué existe el Congreso si Piñera va a decidir saltarlo cada vez que quiera tramitar una ley que podría naufragar por atentar en contra de las voluntades mayoritarias?

Está claro que el decreto es una herramienta legal. De eso no hay duda: Piñera siempre ha sabido moverse pisando la delicada línea de la legalidad. Por costumbre democrática, el decreto no se ha usado para establecer leyes, menos aun unas que pueden perjudicar a un millón de personas en Chile.

 

 

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