Mal SalvajeLa Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano suspendido por la Asamblea Constituyente, decidió este martes iniciar un juicio de responsabilidades contra Nicolás Maduro, a pedido del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, por su presunta responsabilidad en una trama de sobornos y corrupción vinculados con la constructora brasileña Odebrecht.
Esto, por ahora, es solo un paso simbólico frente al mandatario venezolano, pues la Asamblea Nacional no tiene gran poder después de que el presidente y sus aliados levantaran la Asamblea Constituyente.
“No pretendemos levantar falsas esperanzas. Votar hoy no significa que Maduro se irá mañana, pero este es un paso de lucha para consolidar el destino del país”, dijo a periodistas el parlamentario José Luis Pirela.
Pese a encontrarse en un limbo legal, en donde tiene legitimidad pero no es reconocida por el discurso y prática oficial, los parlamentarios han seguido sesionando en el Palacio Federal Legislativo de Carácas, donde aprobaron el proceso por 105 votos a favor y dos en contra.
Como tripulante de este Titanic en cámara lenta que parece ser el gobierno de Venezuela, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, hasta hace poco una aliada del oficialismo y hoy prófuga de la justicia chavista junto a otros magistrados nombrados por el parlamento opositor, fue una pieza clave en la decisión de procesar a Maduro.
Ortega Díaz sabe que está en el medio de dos aguas, por lo que ha movido las fichas para reciclarse como parte de la nueva Venezuela, una patria hipotética para la cual ha convocado al alto mando militar rebelarse contra el mandatario.
“Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional acatar esta decisión (del Parlamento) y proceder a la captura del hasta hoy presidente constitucional de Venezuela. Los oficiales de todos los rangos deben actuar, les garantizo que de materializar la restitución del orden constitucional y el establecimiento de las libertades democráticas contarán con mi reconocimiento, protección y apoyo… Si no son ustedes, serán los organismos internacionales los encargados de ejecutar esta decisión. No pierdan la oportunidad de recobrar su dignidad”, insta en una grabación divulgada en Internet.
¿Posibilidades reales?
Sin embargo, la acusación no es más que un saludo a la bandera, pues viene desde un poder mutilado, sin control real del país y su pronunciamiento pretende ser más una declaración de principios.
El fiscal general Tarke William Saab, designado por la Asamblea Constituyente, rechazó obviamente el proceso y dijo que era un acto “bufo”, “nulo” e “inmoral”.
Además lanzó una advertencia: “Por lo tanto el ‘show’ hecho durante unos meses en territorio extranjero (EEUU-Colombia) ‘sesionando’ delictivamente fuera de la jurisdicción patria para pretender ilegalmente acciones contra la Democracia venezolana y el Presidente Nicolás Maduro: hoy llegó a su fin”, escribió el fiscal chavista en Twitter.
Y esas amenazas también salieron del ciberespacio: antes del comienzo de la sesión de la Cámara, las inmediaciones del Palacio Legislativo, localizado en el centro de Caracas, han estado rodeadas por militares y también se ha obstaculizado el acceso a la prensa.
Maduro fue acusado por la pareja de publicistas brasileños Joao Santana y Mónica Moura de coordinar el financiamiento de 35 millones de dólares para desarrollar propaganda durante la última campaña presidencial de Hugo Chávez, en 2012, a cambio de conceder contratos especiales que favorecieron a Odebrecht.
Según recuenta el diario El País, dos constructoras brasileñas, Odebrecht y Andrade Gutierrez, habrían abonado unos 12 millones de dólares a una cuenta en Suiza a través de una empresa de fachada, Shellbill Finance S.A., según el testimonio de los publicistas que aceptaron delatar a sus antiguos aliados a cambio de beneficios procesales.
“El canciller Nicolás Maduro exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la campaña se recibieran como recursos no declarados”, dijo Moura ante la justicia de Brasil en 2017.
