No es una novedad: si todos sus expresidentes de los últimos 30 años están procesados judicialmente, pocos peruanos podrían sorprenderse porque existan parlamentarios en problemas con la justicia. Sin embargo, el limbo del juicio ha sido un escudo para muchos sin condena.

Este no es el caso de tres personajes que han sido condenados como delincuentes y siguen legislando a pesar de los fallos de la justicia. 

Como recuerdan los colegas de Utero, el primero de ellos es Benicio Ríos de la agrupación populista Alianza para el Progreso, que fue sentenciado a siete años de cárcel por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal del Cusco en diciembre del 2017. Su delito: la compra con sobreprecio de un terreno para un relleno sanitario cuando era alcalde de la provincia de Urubamba.

Para lograr que la sentencia no se hiciera efectiva, apeló a un clásico: la inmunidad parlamentaria.

En respuesta, el juzgado elevó el caso a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Lima. Aquí se aclaró que la inmunidad no alcanza a las investigaciones que ocurrieron antes de que fueran congresistas. Por eso ordenaron su captura, pero Ríos ha apelado para esperar el resultado en segunda instancia. Mientras tanto, muy feliz en el Congrreso.

Zacarías Lapa Inga (Frente Amplio)
El problema con los partidos que predican la lucha revolucionaria contra el sistema y la corrupción, es que cuando tienen un mal elemento su discurso se va al tacho: Lapa Inga fue sentenciado el 27 de marzo del 2018 a cuatro años, ocho meses y un día de prisión efectiva por la justicia de Ayacucho. Su delito: “aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado”:

“En junio de 2015, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur formó un comité encargado de evaluar y seleccionar personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios. Dicho comité estaba integrado por Lapa Inga. (…) Los peritajes evidenciaron que Lapa Inga benefició a dos postulantes que no cumplían con los requisitos”.

Gracias a la inmunidad, el parlamentario sigue trabajando en el Legislativo.

Guillermo Martorell (Fuerza Popular)
El fujimorismo está presente en todo, así también en lo corrupto. En febrero pasado, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tacna condenó a Martorell a cinco años de cárcel por el delito de colusión. Según La República por esto: 

“Martorell integraba el directorio de la Zona Franca de Tacna (era vicepresidente) en el 2010, la ladrillera Maxx (propiedad de la familia Martorell) compró un predio de esta institución. Dicha venta era irregular, según las normas de la zona franca y la Ley General del Sistema Estatal, debido a que Martorell integraba el accionariado de la ladrillera”.

Martorell anunció en noviembre del 2016 que le pidió al Congreso que levante su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, según la Asociación Transparencia, “solo el Poder Judicial puede solicitar el levantamiento de inmunidad de un congresista”. Por eso Martorell aún la mantiene y su petición fue para las cámaras, hola mamá.

Adiós a la inmunidad

Para evitar el proceso burocrático en el Poder Judicial que dura máximo 60 días solo para levantar la inmunidad, la congresista de Peruanos Por el Kambio, Patricia Donayre, busca un referéndum.

Para ello se necesitan dos millones y medio de firmas. 

Donayre iniciará la recolección de firmas para que la consulta popular (como la del pago a los fonavistas) se realice en las próximas elecciones municipales y regionales. En su última columna de El Comercio, argumentó:

“Somos los únicos funcionarios que poseemos inmunidad: ni los ministros ni los alcaldes ni los jefes de los organismos constitucionales autónomos la tienen. Con lo cual estos funcionarios, de ser verdad el razonamiento expuesto, también estarían desprotegidos. Y no es así”.

Las colas para firmar los planillones de Donayre serán más largas que las que hacen para comprar el álbum del Mundial.