La Fiscalía chilena está a punto de formalizar a un grupo de policías por el secuestro y tortura de al menos 25 inmigrantes ilegales y vendedores ambulantes en Santiago.

Según dio a conocer el diario La Tercera, la fiscal de Alta Complejidad, Tania Sironvalle, envió un documento a la justicia en el que ofrece detalles de los cuerpos paramilitares al interior de la policía chilena. 

“La presente investigación dice relación con una serie de conductas constitutivas de delitos de tortura, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y robo con violencia, en las que tuvieron participación funcionarios de Carabineros de la 21a. Comisaría de Estación Central, específicamente del servicio de foco ‘Eco 21’, a cargo del suboficial mayor Francisco Arzola, conocido como ‘el nazi’”,  señala el documento.

En la investigación se dan antecedentes para que el juez autorice abrir los casilleros de Arzola y otros trece funcionarios de la 21a. Comisaría investigados.

Esta petición le fue concedida en junio de 2017 después de que en mayo pasado la fiscalía imputara a Arzola delitos de tortura, apremios ilegítimos y detenciones ilegales contra cuatro personas, que son vendedores ambulantes y extranjeros ilegales.

Paramilitar

El suboficial Arzola está al mando del grupo co 21 -a cargo de controlar el comercio ambulante en el sector- y varias de sus presuntas víctimas fueron secuestradas para ser llevadas a la comisaría sin la orden de un juez, aprovechando de que se trataba de extranjeros vulnerables que no denunciarían los abusos.

Pero hubo algunos que sí hablaron: un testimonio dentro de la investigación habla de un comerciante ambulante 

de iniciales W.U.R.N., quien declaró que “arriba del bus me tiran a un asiento mientras Arzola me dijo: te arrancaste de mí (…) y de mí nadie se arranca’, me golpea con el palo de servicio en la guata, después (…) me da otro golpe con el palo en el tórax (…) y me dijo yo soy el nazi para que te acordí (sic) de mí toda tu vida y sacó la pistola”.

Por estas acusaciones este policía ya estuvo en la cárcel. Además, en diciembre del 2017 el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra y contra otros policías por los mismos eventuales ilícitos.

Según declaró la fiscal Sironvalle a La Tercera, “existen otras aristas investigativas que involucran a otros funcionarios (de la misma comisaría) y respecto de los cuales van a haber formalizaciones”.

Detalló que el grupo Eco 21 está formado por “entre 12 a 15 funcionarios que trabajan en un piquete” y que “en razón de su labor se producen la mayor cantidad de denuncias. También existe otro grupo de denuncias respecto a personas en la garita, en el terminal de buses de Estación Central”.

Sironvalle indicó que las víctimas, quienes serían cerca de 25, “son agredidas o trasladadas muchas veces con detenciones ilegales a la comisaría, donde también son agredidas. Están realizando una actividad al margen de la legalidad, como es el comercio ambulante o inmigrantes en situación ilegal, y que aseguran cierta impunidad respecto de conductas que van más allá de los deberes policiales”.

Según Carabineros de Chile, “personal de unidades especializadas de Carabineros, en conjunto con la fiscalía, están desarrollando un trabajo investigativo coordinado, respecto de la presunta participación de personal institucional de dotación de la 21a. Comisaría Estación Central, en determinados hechos que revisten caracteres de delito”.

Como siempre sucede en estos casos, se estableció un misterioso “un proceso indagatorio interno, con el objetivo de determinar cómo ocurrieron los hechos denunciados y, además, establecer eventuales responsabilidades administrativas”.

Sobre el suboficial Francisco Arzola, se indicó que “hasta el momento, un funcionario ya fue formalizado y debido a ello fue trasladado hacia otra destinación mientras dure la investigación”. Se añadió que “la mayoría de los carabineros que prestan servicios en esa compleja unidad día a día hacen su máximo esfuerzo por cuidar a los vecinos”.