Es curioso: un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN), uno de los denominados pro vida, presentó este miércoles un proyecto de resolución para que se restablezca la pena de muerte en el país.

La iniciativa, según declaró la parlamentaria Camila Flores a La Tercera, apunta “en particular para los casos de violación con homicidio contra menores de edad”. Además, busca solicitarle “al Presidente de la República, a través de una instancia corporativa que se estudie efectivamente y con la seriedad que corresponde, tener una pena que sea equivalente a la gravedad del delito del que estamos hablando”.

“El proyecto contempla todos estudios jurídicos, que en definitiva señalan y llegan a la conclusión de que sí, nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de restablecer la pena de muerte para este tipo de delitos en particular”, agregó flores.

Consultada por qué no presento una moción directamente, la diputada explicó que se decidió por presentar un proyecto de resolución “ya que buscamos de manera corporativa poder manifestar al Presidente de la República la intención cierta de que se puede avanzar con el apoyo del Gobierno en el estudio de esta materia“.

Agregó que en el caso de que la situación no sea acogido por el Gobierno, trabajarán en plantear una moción parlamentaria.

Este proyecto fue apoyado por sus pares RN Ramón Galleguillos, Aracely Leuquén, René Manuel García, Hugo Rey, a los que se sumó el legislador independiente Karim Bianchi.

Últimos ejecutados hace 33 años

El 29 de enero de este año se cumplieron 33 años desde la última aplicación de la pena de muerte en Chile. Esta sentencia fue utilizada en 58 oportunidades por los Tribunales de Justicia entre 1875 -cuando fue incluida al ordenamiento jurídico- y el 3 de abril de 2001, cuando fue derogada por el entonces Presidente Ricardo Lagos y reemplazada por la pena de presidio perpetuo. 

No obstante el año en que fue promulgada, la pena capital se aplicó por primera vez el 3 de febrero de 1890, cuando un sujeto que fue declarado culpable del delito de robo con homicidio, fue ejecutado por el pelotón desigando para su fusilamiento.

Como él, otras 28 personas fueron condenadas y matadas por este delito; 24 por homicidio calificado, uno por asalto con homicidio, uno por homicidio con incendio y tres por homicidio por violación. Paralelamente, según los registros de los gobiernos desde 1964 hasta la fecha, fue bajo el mandato de Carlos Ibañez del Campo donde se produjo la mayor cantidad de fusilamientos por pena de muerte, con ocho condenados.