Hasta hace unos días, hablar de presos políticos en Venezuela era ganarse una pelea con el madurismo que podría terminar engrosando aquella lista de presos. Aunque todo el mundo sabe que buena parte de los detenidos en las protestas o por hacer frente al gobierno eran presos políticos, esta denominación era algo exclusivo de los círculos de confianza.

Esto hasta que la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, reconoció durante el fin de semana la liberación de casi 80 personas detenidas por “motivos políticos”, dando la razón a los detractores de su gobierno respecto a la ausencia de motivos jurídicos detrás de la encarcelación de cientos de personas en el país. 

Ahora que el gobierno reconoció su existencia y liberó a un primer grupo de detenidos, vale la pena preguntarse qué es lo que buscan Maduro y los suyos con este gesto.

La primera lectura evidentemente apunta a una negociación detrás de bambalinas con los mismos detenidos -como sucedió con Leopoldo López- en donde el gobierno les ofrece libertad a cambio de una pacificación del país: podrán gozar de sus familias mientras se mantengan alejados de la política. 

Tras la dudosa reelección de Maduro, el gobierno busca firmar pactos de gobernabilidad que le permitan retomar el control de la agenda política, en manos de la oposición -y cualquier mortal con sentido común- frente a la grave crisis humanitaria que vive el país. 

Aunque Maduro lo definió como “un acto de generosidad, de benevolencia, y espero que se entienda como tal”, después de las primeras de las 79 liberaciones, esto no habría sucedido sin la presión internacional. En menos de una semana la OEA identificó a 11 miembros del gobierno, partiendo por el propio Maduro, acusados de delitos de lesa humanidad. 

Este nuevo Maduro no ha actuado por voluntad propia y una de las cosas que esconde la liberación es un intento por suavizar la presión externa que podría derivar en juicios penales a nivel internacional como ha sucedido a dictadores alrededor del mundo. 

Aunque es evidente que el chavismo busca mejorar su imagen externa, también es consciente de que no podrá legitimar su gobierno dentro del país sin la aceptación -así sea a las malas- de la oposición interna que lo define como un dictador. 

Así, las liberaciones deben ser leídas como un chantaje a la clase política de la rivera contraria: la puesta en escena de su liberación ha incluido actos de supuesto perdón y sermones para la no repetición de los “actos de violencia política” supuestamente cometidos por los liberados. 

La cifra de los liberados también debe ser tomada con pinzas, pues según organizaciones de derechos humanos, solo 45 de los excarcelados pueden ser considerados como presos políticos, ya que el resto se encontraba detenido por delitos comunes. 

Hay que recordar que el espiral liberador de Maduro comenzó con un mormón estadounidense acusado de espionaje, un guiño del gobierno venezolano a Donald Trump pocos días después de que el senador republicano Marcos Rubio amenazara por tuíter a Diosdado Cabello con la prisión en Estados Unidos. 

Sin embargo, Maduro y los suyos podrían estar cometiendo un grave error: al reconocer que se trata de presos políticos, podrían estar confesando abiertamente uno de los delitos de los que constantemente se les acusa, firmando una sentencia en su contra por el encarcelamiento irregular de opositores. 

Por el momento, los liberados han aceptado cualquier condición: más vale la luz del día que una condena que podría prolongarse por décadas como en el caso de Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión.