Parece un chiste, pero esta semana revivió una vieja polémica en Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump defendió esta su “derecho absoluto” a indultarse a sí mismo en el caso de la denominada trama rusa, luego de que The New York Times revelara que sus abogados enviaron una carta confidencial al fiscal especial que lleva las investigaciones, Robert Mueller.

Según el diario estadounidense, el documento enviado en enero decía, entre otras cosas, que como Mandatario Trump tiene el poder legal de cerrar la investigación en su contra por presunta obstrucción a la justicia o incluso autoindultarse.

Pero esta idea hace meses que rondaba la cabeza del Presidente. En julio del año pasado, en medio de los cuestionamientos por los posibles vínculos entre la campaña de Trump y personeros cercanos al Gobierno ruso, The Washington Post aseguró que el jefe de Estado y sus abogados estaban indagando acerca de los alcances de los poderes presidenciales para emitir perdones con el fin de debilitar el caso de Mueller.

Ante ello, surgió la principal interrogante: ¿puede efectivamente perdonarse a sí mismo?

Según el artículo II, sección 2 de la Constitución de EE.UU., el jefe del Ejecutivo tiene el “poder para otorgar indultos y perdones por ofensas en contra de los Estados Unidos, excepto en los casos de impeachment”, es decir, personas en un juicio político.

Un presidente puede aprobar una solicitud de clemencia reduciendo la pena, eliminando la condena de uno de los delitos o entregar un perdón completo. Además, un sujeto no necesariamente tiene que haber sido condenado o imputado para poder recibir el perdón presidencial, pero sí es condición que haya infringido una ley federal. Los perdones no pueden ser concedidos a delitos de carácter estatal.

El problema es que la redacción del artículo es corta pero con un gran alcance, por lo que deja un espacio amplio para interpretaciones. En ese sentido, la respuesta a si Trump puede o no perdonarse nadie la sabe con certeza, pues tampoco nadie nunca ha intentado hacerlo.

Los que dicen que sí y los que dicen que no
Tal como los abogados del Mandatario, algunos defienden que el poder del perdón es absoluto y que como no está explícito que no se puede indultar a sí mismo, en teoría podría hacerlo. “Perdonarse a sí mismo puede bien ser algo escandalosamente impropio… pero la respuesta que la Constitución crea para un mal comportamiento semejante es el impeachment, una solución política en lugar de penal”, dijo Mark Tushnet, profesor de derecho de la Universidad de Harvard, al medio digital Vox en 2017.

Además, hay quienes aseguran que los presidentes no pueden ser procesados durante su ejercicio del poder, debido a que son líderes de toda la rama ejecutiva del Estado, que es la encargada de llevar a cabo cualquier tipo de enjuiciamiento federal.

“Un Presidente no sería enjuiciado realmente por el gobierno federal a menos que él lo permitiera (…) el control total del Mandatario sobre el poder ejecutivo significa que puede descarrilar la investigación siempre y cuando esté dispuesto a pagar el precio político”, afirmó Brian C. Kalt, académico de la Universidad Estatal de Michigan, a CNN.

Por el contrario hay expertos en derecho que aseguran que la idea es absurda y una “fantasía legal”, tal como aseguró el profesor de la Escuela de Leyes de Harvard, Laurence Tribe. El principal argumento es que él no podría perdonarse a sí mismo bajo la norma fundamental de que nadie puede ser juez de su propio caso.

Asimismo, aseguran que aunque no haya límites explícitos, sí existen algunos implícitos en el significado de las palabras “indulto” y “perdón”. Según Kalt, un fiscal podría argumentar que “un indulto es inherentemente bilateral, algo que solo puedes darle a alguien más. ‘Perdón’ proviene de la misma raíz latina que ‘donar’ y no tiene sentido hablar de donarse cosas a sí mismo”.

Pero por sobre la posición que se tome, la mayoría coincide en que autoindultarse traería malas consecuencias para el Mandatario, pues podría crear una discusión sobre abuso de poder. Aún más, considerando que el perdón no lo protegería de un eventual juicio político, tal como lo constata la Constitución, si es que el Congreso decidiera abrir uno en su contra.

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