La llegada a la presidencia de Iván Duque no es otra cosa que el regreso de Álvaro Uribe al poder. Y eso, para muchos colombianos significa el final de la paz, pero ¿realmente hay paz en el país después del acuerdo con la guerrilla de las Farc?

Un proceso de paz es principalmente eso: un proceso. Revertir una situación de guerra civil de baja intensidad y larga data no ocurre de la noche a la mañana, por eso el acuerdo de paz con la guerrilla fue solo un comienzo cuyos resultados se verán a futuro.

Así, hablar de paz en este momento en Colombia puede ser un chiste cruel para cientos de miles de personas. Es más, quienes nunca sufrieron los combates directamente, tampoco pudieron escapar de las consecuencias de la guerra, pues la devaluación de la vida tocó a toda la sociedad.

Esto no quiere decir que el acuerdo sea nulo: la muerte de soldados y guerrilleros se redujo a los niveles más bajos de los últimos 50 años desde su firma y los compromisos del Estado respecto a temas como tierras y aumentar su presencia en los rincones más alejados del país son el primer paso para acabar con las causas detrás del conflicto.

Ahora, la llegada de Duque supone una gran incógnita respecto al cumplimiento de lo pactado, abriendo la puerta a que algunos guerrilleros vuelvan al monte, pues su desmovilización estaba condicionada a unas condiciones que el nuevo presidente y su jefe Uribe quieren cambiar.

Aunque Duqee ha dicho que pretende modificar los acuerdos, no ha dado grandes detalles de qué será lo que modifique, pero todo apunta a que la Jurisdicción Especial para la Paz, el aparato de justicia transitoria creado especialmente para el proceso, será remodelado. Para muchos, lo que Uribe quiere hacer es asegurar que  personas como él, civiles y empresarios que tuvieron una participación activa en el conflicto armado, tengan un trato especial como el que recibirán los excombatientes de las Farc.

Básicamente, Uribe quiere cuidarse la espalda para que el acuerdo no termine siendo el comienzo de su final político.

En sus discursos sobre el acuerdo, Duque reiteró una y otra vez que lo modificaría para acabar con la impunidad, sin profundizar nunca en qué sería aquello que pretende cambiar más allá de frenar la llegada de los jefes guerrilleros al Parlamento.

La reacción de la ex guerrilla, hasta ahora, ha sido tímida. Partieron pidiendo sensatez a Duque.

“Es necesario que se imponga la sensatez; lo que el país demanda es una paz integral, que nos conduzca a la esperada reconciliación (…) Burlar ese propósito no puede ser plan de gobierno”, indicó el ex grupo rebelde en un comunicado tras la victoria del candidato de Uribe.

El ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) aseguró que la victoria de la derecha conservadora opuesta al pacto no puede interpretarse “como una patente para desconocer lo andado en materia de paz y burlar los compromisos adquiridos por el Estado”.

Hacerlo “lo único que logrará será llevar a la nación a un nuevo ciclo de múltiples violencias”, agregó el boletín. Los excomandantes guerrilleros han dicho en varias ocasiones que no regresarán a la guerra.

Hay algo que sí puede ser un peligro: políticamente, la guerra ha sido muy rentable para Uribe y los suyos. Aceptar su final supondría también reconocer que dejaron de ser necesarios en la vida política del país. Y eso es algo que pocos políticos están dispuestos a aceptar. Menos aún, si la otra opción puede ser enfrentar a la justicia por su responsabilidad durante la guerra.