Los colombianos andan ofendidos por estos días con un par de sus compatriotas que viajaron hasta Rusia para apoyar a su selección de fútbol y se han vuelto famosos por actos no muy bonitos.

El primero de ellos por contrabandear alcohol dentro de unos falsos binoculares en el estadio. Lo que el tipo quiso hacer pasar como “ingenio” le terminó costando hasta su empleo en la aerolínea Avianca.

El segundo, más polémico, hizo que dos mujeres japonesas que no hablan castellano dijeran estupideces. Y ardió Troya en su vida. Hasta de muerte lo amenazaron.

Sin embargo, en el Parlamento del país, uno de los “representantes”, va soltando groserías a diestra y siniestra y no pierde el puesto.

El empleado oficial Alfredo Ramos, un parlamentario del partido de Álvaro Uribe, Centro Democrático, se enfrentó a la congresista Claudia López, quien le recordó que su padre ha tenido que enfrentar a la justicia por sus nexos con el paramilitarismo.

Además de llamarla “bandida” (uno de los insultos favoritos de su patrón Uribe por el que incluso tuvo que pedir perdón por orden de la justicia), aprovechó el corte del micrófono para decirle “Hijueputa”.

Acá el absurdo: si un Parlmentario, pagado con el dinero de todos los colombianos, no es objeto del mismo trato que un par de ciudadanos que malobraron ¿dónde queda el decoro?

Y este caso, no es el único, claro. Basta con recordar que actualmente la fiscalía está investigando al menos a cuatro congresistas electos en marzo por presuntos delitos electorales. 

Según se supo en su momento, los parlamentarios crearon sofisticadas empresas electorales establecidas en varios departamentos de Colombia y que acudían a la compra de votos para lograr cargos de elección popular.

Curioso: la Fiscalía detectó que algunas de esas redes ni siquiera tenían filiación política y terminaban ofreciendo sus servicio al mejor postor.

Por estos delitos estuvo presa la electa senadora Aida Merlano Rebolledo, del Partido Conservador. 

Curiosamente, estos delitos son los de menor peso: el caso de Parapolítica costó su cargo al 35% de los parlamentarios durante el periodo 2006-2010. Y más curioso aún, el partido de esos destituídos ha vuelto a ser el más votado del país. 

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