La Mancomunidad de Comunidades del Chepete Bala y otras organizaciones afectadas por megaproyectos fueron parte de congreso de la  IV Cumbre Amazónica organizada por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

La Paz, ANF – La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) celebró su cuarta cumbre “Amazonia viva Segura” en Macapá (Brasil) con la participación de la Mancomunidad de Comunidades del Rio Beni, Quiquibey y Tuichi y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Las organizaciones bolivianas buscan consolidar una articulación regional con otros pueblos indígenas de diferentes territorios que se ven afectados por una serie de mega-proyectos hidroeléctricos y de infraestructura que amenazan la vida y derechos de los pueblos indígenas.

Muchos movimientos sociales de la región se encuentran organizando la resistencia contra proyectos extractivistas en Latinoamérica que van contrarios a los discursos que presentan diferentes países ante el concierto internacional.

“Estamos en resistencia sobre todo lo que es el mega proyecto hidroeléctrico del Chepete y Bala que el gobierno quieren inplantarlo a capricho, vulnerando nuestros derechos. Queremos denunciar que estan haciéndonos el deplazamiento total de algunas comunidades, somos muchas familias que seremos afectadas. Queremos que todos lo sepan en este importante evento”, señaló el presidente de la Mancomunidad, Valentín Luna, desde Brasil.

La cumbre de la más grande organización indígena amazónica se llevó a cabo en el estado de Amapá al nor-este del vecino país, del 18 al 22 de junio y firmaron un documento denominado “Mandato de Macapá” para ejercer “de hecho” sus derechos colectivos de manera urgente.

Extractivismo, contaminación, criminalización a líderes defensores de territorios indígenas, amenaza a pueblos en aislamiento son solo algunas de las problemáticas que vulneran la vida y el territorio de los pueblos y movimientos que fueron parte de la cumbre. En Bolivia en la actualidad se desarrollan varias como son los mega proyetos del Chepete-Bala y Rositas, la carretera del TIPNIS, el avance en las reservas naturales para la exploración y extracción de petroleo como el caso de Tariquia, entre muchos otros.

“Denunciar los retrocesos en derechos indígenas y legalización de nuestros territorios ancestrales, en los países amazónicos, simultáneo al aumento de la destrucción de selvas y pueblos por el extractivismo y desarrollismo (infraestructura, IIRSA-COSIPLAN, agronegocio, minería, hidrocarburos, tala) que hará fracasar las metas climáticas del Acuerdo de París de reducción de emisiones”, señala uno de los cinco tópicos claves del documento firmado por las 55 organizaciones de nueve países que forman parte de la COICA

La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey viene advirtiendo a nivel nacional como internacional que el desastre de HidroItuango se puede repetir en Bolivia con la mega-represa Chepete-Bala.

La hidroelectrica Hidroituango ubicada en la cuenca del río Cauca en Colombia afectó hasta ahora a 5.000 personas y podría desplazar a otros 120 mil habitantes de cinco municipios que se encuentran en riesgo por fallas geológicas, deslizamientos y posible ruptura de la represa, ubicada a unos 170 kilómetros de Medellín.

La problemática de los mega proyectos hidroelectricos afectan a muchos paises de la región, la mancomunidad denunció en la cumbre que si el gobierno de Bolivia insiste en la viabilidad de este proyecto la afectación llegaría a 48 comunidades amazónicas y destruirá un superficie de 750 kilómetros.

En la semana de encuentro de la COICA participaron Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Guyana Francesa, Suriname y Venezuela quienes debatieron sobre diversidad de temas con los siguientes pilares: Economía indígena y vida plena; gobiernos territoriales; ambición climática, infraestructura y post extractivismo; criminalización de los pueblos indígenas; e Iglesias, Amazonía y pueblos indígenas.

La cumbre de la COICA también impulsó la demanda de titulación para 100 millones de hectáreas de territorios indígenas en los nueve países amazónicos.

Además de las organizaciones indígenas amazónicas y del mundo, el documento firmado en la cumbre de la COICA convocó también a la opinión pública, a con un sentido de urgencia, para la realización de acciones articuladas y colectivas.

“Organizar un equipo de defensa de defensores en la acción jurídica, política e incidencia, juicio a los Estados ante la CIDH, OIT, CERD, ONU por la inseguridad jurídica territorial y la no titulación territorial de 100 millones pendientes”, dice el documento.

El documento además reivindicó a la cuenca amazónica como “un gran ser vivo” por lo cual llamó a la unidad y a la cooperación regional para superar las intervenciones fragmentadas.

“Y que toda acción con COICA sea desplegada en todos los nueve países de la cuenca; y considerando el carácter transfronterizo de la cuenca que supera los límites de los estados nacionales, reiteramos nuestro llamado de septiembre 2017 para conformar una misión de emergencia de Naciones Unidas ante las graves amenazas, que eviten su colapso que ocasionaría una catástrofe global “, dice el documento.

La lucha de los pueblos indígenas en Bolivia

El mega-proyecto hidroeléctrico del Chepete-Bala afectará a seis territorios indígenas de manera directa. Más de 771 km2 de dos áreas protegidas serán afectados. Tres ríos, la principal vía de transporte de las comunidades serán alterados para siempre. 48 comunidades indígenas y campesinas serán inundadas, además de pueblos no contactados y más de 5000 indígenas seríamos desplazados de sus territorios.

El Gobierno del Presidente Evo Morales señaló en varias oportunidades la prioridad e interés nacional del proyecto con el argumento de convertir a Bolivia en un centro exportador de energía al resto de Sudamérica. Aunque se promete vender la energia generada por esta hidroeléctrica, ni Brasil ni otro país ha realizado hasta ahora ningún un acuerdo oficial al respecto.

El pasado 2016 la estatal ENDE contrató a la empresa italiana GeoData para realizar estudios de pre factibilidad del proyecto Bala-Chepete sin haberse realizado una consulta previa, esto generó que los afectados directos por el megaproyecto se declarasen en estado de emergencia y empezaron manifestaciones de resistencia desde sus comunidades apoyados por movimientos autoconvocados emergentes en todo el territorio nacional.

En octubre del 2016 instalaron una vigilia de 12 días para expulsar de su territorio a GeoData logrando que la empresa subsidiaria “Servicons” retirara sus maquinarias. 

A pesar de este rechazo legítimo de las comunidades ENDE firmó contrato con GeoData para la licitación internacional del mega-proyecto hidroeléctrico El Bala-Chepete, bajo el justificativo que la CPE de Bolivia prevé la Consulta Previa Libre e Informada solo para proyectos de energía no renovables.

Según la experiencia de diferentes países de la región (Brasil y Colombia) y del mundo (EEUU y Canada) este tipo de represas tiene una vida útil de aproximadamente 50 años por lo que no clasifica como energía renovable y requiere cumplir con la Consulta Previa Libre e Informada.

El informe de la Comisión Mundial de Represas, WCD por sus siglas en inglés y con el título de Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones indica que a nivel mundial las grandes represas no han entregado los beneficios que sus promotores han predicho.

Al mismo tiempo, los efectos negativos de las grandes represas han sido más cuantiosos de lo que se había antes imaginado. Además de los efectos sociales y económicos causados por los desplazamientos, la WCD estima que quizá entre el 1 y el 28% de las emisiones mundiales de estos gases proviene de las aguas embalsadas. El 20% de los terrenos regados de las represas grandes se pierden por la salinización y el anegamiento, y que el 5% del agua dulce del mundo se evapora de los embalses.

Las represas grandes han sido apenas marginalmente viables en lo económico ya que los costos de las represas exceden de lo presupuestado en un 56% y en el tiempo previsto se retrasa por más de un año. A su vez, más de la mitad de las represas hidroeléctricas revisadas generan menos energía de lo proyectado y en términos de suministro de agua el 70% no llegó a sus objetivos.

El informe encuentra que el status quo es inaceptable; que los sobresalientes problemas sociales y ambientales asociados con las represas existentes necesitan ser confrontados; y que los derechos de todas las gentes, particularmente pueblos indígenas, deben ser respetados.