El acuerdo de paz entre el Estado de Colombia y la guerrilla de las Farc es el principal blanco de los dardos del ex presidente Álvaro Uribe. En torno a este impulsó la campaña presidencial de su vocero Iván Duque y esta semana en el Congreso comenzó a ejercer su fuerza para modificar lo pactado.

Uno de los ejes del acuerdo de paz tiene que ver con la forma en que se juzgará a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto, incluyendo a los militares. La idea de impunidad hacia los ex guerrilleros ha impulsado el apoyo político de Uribe y en base a esta es que ha podido torcer el debate hacia su terreno para modificar la Justicia Especial para la Paz.

Esta semana logró modificar la forma en que se podría juzgar a los militares señalados de delitos atroces dentro  del conflicto, dejándolos por fuera de la jurisdicción especial. 

Las reformas impulsadas por Uribe imponen el congelamiento de los procesos contra los militares que deban acudir a la JEP –y que así lo deseen– mientras se crea un procedimiento “especial y diferenciado” para ellos, que en otras palabras sería una “sala especial”.

Pese a este triunfo de la coalición de Uribe, el el gobierno saliente y algunos sectores políticos anunciaron que preparan toda una artillería jurídica para abortar esta decisión.

El primero en manifestar su rechazo –a este artículo y a otro relacionado con la extradición de excombatientes de las Farc– fue el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien a pesar de “celebrar” la aprobación de la ley de procedimiento de la JEP, insistió en que estos dos cambios “son contrarios a la Constitución”.

“El artículo sexto transitorio de la Constitución dice que la competencia de la JEP será prevalente para aquellos ciudadanos pertenecientes a la Fuerza Pública o los excombatientes de las Farc que hubieren cometido delitos en el marco del conflicto, de tal manera que una ley de carácter ordinario, como la que se aprobó, no puede ir en contravía de un mandato constitucional”, explicó  Rivera en rueda de prensa.

En este sentido, el funcionario anunció que el Gobierno está “estudiando” dos caminos para “precipitar” un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema: objetar la ley ante el Congreso, lo que retrasaría su entrada en vigencia, o sancionarla y luego demandar los dos artículos con los que el Gobierno está en desacuerdo.

“Es importante destacar que los restantes 72 artículos definen reglas de procedimiento y garantías procesales que les aseguran a las víctimas del conflicto que puedan hacer valer sus derechos en el seno de la JEP, así que yo creo que en pocos días esta jurisdicción va a contar con unas normas de procedimiento que les van a permitir a estos jueces empezar a tomar decisiones”, dijo Rivera dejando entrever el camino que se tomaría.

Uno de los pronunciamientos más fuertes lo hizo el Ministerio de Defensa, que aunque afirmó que esa cartera y la Fuerza Pública “están tranquilos y satisfechos” con la ley aprobada, también expresaron su intención de “aclarar los alcances” de estas modificaciones.

“Quienes no se sometan voluntariamente a la JEP, esperando las inciertas reformas que puedan darse en los próximos 18 meses, continuarán siendo investigados y, si fuere el caso, imputados por la Fiscalía General de la Nación y juzgados por la justicia ordinaria, sin posibilidad de acceder a los beneficios de la justicia transicional”, reza un comunicado.

Los cambios aprobados en el Congreso les abren dos vías a los militares que tengan que responder por delitos atroces en el conflicto: seguir en la Jurisdicción Especial para la Paz o esperar 18 meses a que se cree un nuevo modelo para ellos. 

En el primer caso los miembros del ejército de Colombia juzgados tendrían los mismos magistrados que procesarán a excombatientes de las Farc y habría dos tipos de sanciones: para quienes se acojan a penas alternativas, 5 años, y para los que no, condenas de hasta 20 años. 

En cuanto al segundo camino para los militares, la idea del nuevo gobierno es tramitar normas para crear una “sala especial” para ellos. Adicionalmente habría una “defensa institucional” del Ejército y la Policía. Las penas impuestas darán lugar a la libertad condicional cumplidos 5 años de detención en centros de detención especiales.

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