Las cosas cada vez pintan peor  para el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, después de que una jueza emitiera una orden de detención preventiva por su vinculación judicial en una denuncia por asociación ilícita y secuestro presentada.

La orden fue dictada por la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, y está acompañada por la notificación a la Interpol para emitir una circular roja en contra del exmandatario.

El caso se remonta al pasado 18 de junio, cuando la jueza Camacho vinculó a Correa, de 55 años, como autor intelectual en la investigación penal que se sigue por el secuestro del ex asambleista Fernando Balda, registrado en Bogotá en el año 2012, y dispuso como medida cautelar que a partir del 2 de julio el acusado se presente cada 15 días ante la CNJ.

Este lunes, Correa no cumplió con la disposición judicial y optó por presentarse en el consulado ecuatoriano en Bélgica, donde reside desde que dejó su mandato en 2017.

Correa adujo en su cuenta de Twitter que no acudió a Quito sino a la sede consular porque es un ecuatoriano residente en el exterior.

“Amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de DD. HH., la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Constitución y leyes de la República, como ecuatoriano residente en el exterior y en ejercicio de mis derechos, me he presentado el día de hoy, lunes 2 de julio de 2018, al Consulado del Ecuador en Bruselas, para cumplir la medida cautelar impuesta por la ilegal e ilegítima vinculación al llamado ‘caso Balda’.  Todos saben que es una vulgar persecución política, que nunca hubiera podido ocurrir en un verdadero Estado de derecho, y que, por burda y absurda, jamás prosperará a nivel internacional”, afirmó el exmandatario.

Pero el fiscal general del Estado (e), Raúl Pérez, consideró la acción de Correa como un incumplimiento de la medida cautelar y solicitó la orden de detención y la circular roja para lograr su detención y extradición, pedido que fue acogido en su totalidad por la jueza Camacho.

Previamente Correa dejó entrever que ante esta “persecución” podría pedir asilo en Bélgica. “Me quieren fuera del país, inmovilizado, pero yo creo que es temporal. Desde las cenizas de los traidores construiremos la patria nueva”, expresó.

Sin embargo, el abogado de Balda, Felipe Rodríguez, resaltó que Correa no podría solicitar ese asilo debido a que el secuestro con fines políticos es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.

El abogado defensor del expresidente Correa, Caupolicán Ochoa, dijo a medios ecuatorianos que la medida es arbitraria y una búsqueda de “venganza”. Además, informó que apelará la orden de detención y señaló que será en una sala de la CNJ donde expondrá lo que considera arbitrariedades e ilegalidades que se han producido durante el proceso.

Insistió en que analiza recurrir a instancias internacionales para denunciar las violaciones constitucionales y la persecución política de la que está siendo víctima el expresidente. 

“La instrucción fiscal no ha terminado y vamos a agotar todas las instancias para demostrar las irregularidades y falacias procesales cometidas, como la intervención de un fiscal que no está posesionado legalmente por la Asamblea, lo que incluso podría provocar la nulidad de todo lo actuado”, puntualizó.

Correa fue vinculado al proceso penal luego de que el exagente de inteligencia Raúl Chicaiza, uno de los tres policías detenidos por el secuestro de Balda, declaró que la detención forzada del exasambleísta era de conocimiento del exmandatario, quien le ofreció “apoyo político, económico e institucional”.

El policía indicó que recibió las órdenes a través del exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia Pablo Romero. Según señaló en su versión, el presidente Correa estaba muy molesto porque Balda publicaba a través de redes sociales cosas que atentaban contra su pudor. “Quería que trajeran a Balda como sea”.

Los supuestos agentes ecuatorianos lograron subir a Balda a la fuerza a un automóvil en Bogotá, pero la policía colombiana interceptó el vehículo y logró la inmediata liberación del legislador. 

Pero poco después, el Gobierno colombiano lo expulsó a pedido de Quito para que respondiera por injuria y delitos contra la seguridad del Estado. Por ello pagó dos años de prisión.

La investigación todavía está en curso y Correa podría ser sobreseído antes de que la CNJ lo llame a juicio. El exgobernante alega tener un fuero especial que niega la justicia.

Luego de conocer la decisión judicial, Correa tuiteó: “Agradezco a tod@s sus muestras de solidaridad ante este nuevo y grave atropello a la justicia y mis derechos. Yo estoy bien. No se preocupen. Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de derecho como Bélgica”.