La ex guerrilla de las Farc nunca ha dado más motivos que hablar del secuestro como un “acto de guerra” y hoy la justicia especial para la paz los obligará a profundizar. 

Será el caso No. 001 de este marco jurídico creado ad hoc para el grupo guerrillero. Por privera vez 31 exintegrantes del Secretariado y del estado mayor de la guerrilla se sentarán ante un tribunal para dar el primer paso para el reconocimiento de la verdad y asumiendo su responsabilidad.

Según la fiscalía colombiana, la guerrilla secuestró a 8.163 personas en lo largo de su actividad. Sin embargo, esa cifra está lejos de reflejar el real drama. Organizaciones de derechos humanos creen que el número asciende a 40.000. El secuestro provocó tal rechazo en la sociedad colombiana que la volcó a las calles. 

Rodrigo Londoño, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Jesús Santrich, Marco Calarcá, Byron Yepes, Mauricio Jaramillo, El Paisa, Pacho Chino, Isaías Trujillo y Fabián Ramírez comparecerán ante la Sala de Reconocimiento de Verdad por los secuestros cometidos entre 1993 y 2012. Jesús Santrich, no podrá asistir porque está detenido, lo hará por un medio virtual.

La JEP decidió comenzar por el secuestro con base en unos criterios de priorización que incluyen, entre otros, la gravedad del delito, la magnitud del daño que producía en las víctimas y lo relevante que fue dentro de la estructura criminal de esa organización.

Por muchos años, las Farc utilizó el secuestro no solo para financiarse sino para impulsar diferentes objetivos políticos. Entre las víctimas del secuestro hubo personas de todas las edades, de todos los estratos y muchas de ellas permanecieron por años e incluso décadas en cautiverio, en condiciones que representaban una forma de tratos crueles e inhumanos.

Según la información que recibió la JEP, el periodo de mayor auge del secuestro, fue también el de mayor expansión militar de las Farc. El secuestro fue una estrategia expresa del grupo guerrillero desde la Octava Conferencia de Guerrilleros. La macabra estrategia fue “prohibida” en 2012 por el exgrupo guerrillero, año en que inició la fase pública de las conversaciones de paz.

También pesó en la balanza que en este periodo de tiempo los secuestros habrían sido ordenados desde los máximos órganos de decisión en la guerrilla, según los informes de la Fiscalía. Es posible que el periodo se amplíe si la sala lo encuentra necesario. Además, habrá espacio para indagar sobre un listado de personas presuntamente retenidas por las Farc y de cuyo paradero no se tiene conocimiento.

 

Este paso de verdad y justicia es visto con buenos ojos por la comunidad internacional. Es un buen mensaje que después de seis meses de la posesión de los magistrados, la JEP por fin prenda motores. Desde el exterior no solo se le ha dado apoyo político al proceso de paz, sino mucho dinero.

En la audiencia se medirá la disposición de las Farc para acudir a la justicia y cumplir con su palabra empeñada. El hecho de que el Secretariado sea el primero en asistir es un mensaje de confianza en el proceso para sus bases y para el país. Entre los convocados están senadores y representantes electos, quienes antes de su posesión cumplirán con presentarse a rendir cuentas. Pero la posibilidad de que algunos de ellos –como Iván Márquez o El Paisa- no vayan manda un mensaje negativo que sin duda será aprovechado por los contradictores del proceso de paz.

No será fácil. La verdad es necesaria para el país, para las víctimas, pero dolorosa. Los exguerrilleros están aterrados. Ellos estuvieron en la creación de la justicia transicional, saben la teoría, pero no cómo cómo va a funcionar en la práctica.

La diligencia que se llevará a cabo este viernes es solo el comienzo. En ella serán notificados de la apertura del proceso y se les dará a conocer la información con la que cuenta la JEP en relación con el delito de secuestro. Esta información, principalmente, incluye el reporte preparado por la Fiscalía que da cuenta de los procesos judiciales que pesan contra 4.314 miembros del grupo guerrilero por ese crimen.

También se les entregará una base de datos de la Fundación País Libre, en donde están registrados los nombres de personas que se presume estuvieron en poder de las Farc, pero de las que se desconoce su paradero.

Después de esta diligencia, comenzará la comparecencia de cada uno de los jefes de las Farc ante la JEP. En respuesta a la información de la Fiscalía y País Libre, tendrán que reconocer su responsabilidad y contar la verdad que sepan sobre esos casos.

Si no reconocen su responsabilidad y se les llega a demostrar durante el proceso, podrían exponerse a penas de hasta 20 años de prisión. Por eso, lo más conveniente para ellos es contar toda la verdad y así pagar penas alternativas de entre 5 y 8 años que incluyen restricción efectiva de la libertad, pero no cárcel.

La gravedad de la pena que se les imponga dependerá de lo que cuenten, pero sobre ellas también es alta la incertidumbre de las Farc, pues el acuerdo dejó un amplio margen de discrecionalidad a la JEP para imponerlas. Así, a un jefe de las Farc se le puede ordenar que trabaje en una obra para la comunidad y a otro que participe en desminado.