Guillermo Botero, quien asumirá el Ministerio de Defensa desde el próximo 7 de agosto, lanzó una polémica propuesta que despertó las críticas en varios sectores políticos de Colombia: regular la protesta social.

“En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”, señaló Botero durante su intervención en un simposio.

Según Botero -que hasta ahora ejercía como presidente de la Federación Nacional del Comercio- el nuevo gobierno podrá hacer “grandes avances” si logra promover una ley estatutaria que logre ese objetivo. “Necesitamos muchos diálogos ciudadanos preventivo y estaremos dispuestos a tenerlos con las comunidades que se puedan sentir afectadas y las mismas deberán ser debidamente escuchadas”, expresó.

El asunto no es menor, pues, en pocas palabras se trata de la regulación del artículo 37 de la Constitución Política de Colombia que señala que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

“Ministro Botero no se ha posesionado y ya persiguiendo la protesta social. Si quiere levantamos los brazos y hace lo que quiera con nosotros”, escribió en su cuenta de Twitter el senador Alexánder López, del Polo Democrático.

La regulación de la protesta social también fue tratada en el reciente Código de Policía que se aprobó en el Congreso de la República, en el que se establecían algunas condiciones para poder protestas, como la solicitud de permiso para protestas a los gobiernos locales. Según el Ministerio Público, estos temas se debieron tramitar a través de una ley estatutaria y no de una ordinaria.

En efecto, la Corte Constitucional tumbó en 2017 varios de los artículos que regulaban el derecho a la protesta en el Código de Policía (desde el 47 hasta el 75, en el capítulo VI), al señalar que, como anticipó la Procuraduría, esas modificaciones se debían hacer a través de una ley estatutaria.

No obstante, los artículos están vigentes hasta 2019, pues el alto tribunal le dio dos años al Congreso para regular el derecho a la reunión.

Como Maduro

Las críticas a su propuesta no se hicieron esperar y uno de los primeros en condenar la idea de limitar las libertades estipuladas en la constitución colombiana fue Martín Santos, el hijo del actual presidente Juan Manuel Santos.