Para muchos chilenos, el anuncio de Sebastián Piñera sobre la creación del Consejo Nacional de Inteligencia, que encabezará el propio presidente, parece un chiste de mal gusto.

La organización, que estará integrada por el ministro del Interior y Seguridad Pública, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y los jefes de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE),  tendrá como finalidad asesorar directamente al Jefe de Estado en materias de inteligencia.

Pero hay un detalle: sus siglas CNI coinciden con las de la Central Nacional de Informaciones, una de las agencias represoras más temibles de la dictadura de Augusto Pinochet.

La CNI fue creada en  1977 pcon el objetivo de “reunir y procesar toda la información a nivel nacional, provenientes de los diferentes campos de acción, que el Supremo Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes y programas y la adopción de medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional y el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales y mantención de la institucionalidad establecida”.​

Su primer director fue el temido general Manuel “Mamo” Contreras, quien murió en la cárcel cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad.

La CNI fue responsable de numerosos casos de represión, infiltración política, asesinatos, secuestro y tortura de personas, entre los que se destacan el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mundaca en 1982 y la llamada Operación Albania en 1987. Además, se sospecha que fue la agencia encargada del presunto envenenamiento que habría ocasionado la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva en 1982.

Unos de sus principales agentes a cargo fue Álvaro Corbalán, quien actualmente cumple múltiples condenas en prisión por delitos de lesa humanidad. Entre otros crímenes, se cuenta el envenamiento y uso de gas sarín y otras toxinas, en prisioneros oponentes al régimen, siendo el caso Frei tal vez el más conocido.

La CNI fue disuelta el 22 de febrero de 1990, poco antes del retorno a la democracia.​ Muchos de sus agentes fueron reasignados a tareas de seguridad pública, industrial o comercial durante los años 1990.

Es por esto que el anuncio de Piñera cayó muy mal entre algunos chilenos, que cuestionaron la poca empatía con las miles de victimas de la dictadura.