Hace cien días, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, creyó que aplicar las recomendaciones del FMI para su sistema de seguridad social era una buena idea aun cuando buena parte de su discurso revolucionario se monte precisamente sobre la negación de las políticas liberales del fondo.

Y ese intento de reforma bastó para que se encendiera la mecha de un conflicto que ha mantenido encendidas las calles del país en un cruce de piedra y bala que hasta el momento le ha costado la vida a 448 personas mientras que otras 595 están desaparecidas, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (APNDH). 

El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, dijo en una rueda de prensa que la lista de víctimas es “preliminar”, ya que han tenido problemas para confirmar casos registrados en zonas de difícil acceso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven”, calcula que unas 295 personas han muerto en los 99 días que lleva la crisis.

Leiva indicó a los periodistas que algunas de las 2,800 personas que han resultado heridas quedarán con secuelas para toda la vida.

Detalló además que el organismo humanitario ha enfrentado “en Laguna de Masaya (Pacífico) y San Pedro de Lóvago (centro) grandes limitaciones” para verificar casos de fallecimientos en medio de la crisis.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la peor desde la década de los años de 1980, periodo en el que también Ortega era el presidente del país.

El Gobierno nicaragüense niega ser el promotor de la violencia y el principal responsable de las muertes, y tilda a los manifestantes de “grupos terroristas” con un plan de “golpe de Estado” que ya ha sido derrotado, según ha dicho la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.

Un diálogo nacional entre la Alianza y el Gobierno se mantiene suspendido, debido a la fuerte represión, según la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que actúa como mediadora y testigo.

En términos económicos, los sectores más afectados son el turístico y el hotelero, que, según han reconocido diversos empresarios, cuyo nombre omiten por temor a represalias, han dejado de recibir clientes y, por ende, se vieron obligados a cerrar sus puertas al público. Ese es el caso de hoteles, restaurantes, bares y lugares de ocio en general.

Las pérdidas económicas, de las que todavía no hay datos concretos, han puesto a Nicaragua en una situación difícil, ya que no cuenta con un potencial económico fuerte para salir, a corto plazo, del pozo en el que se ha sumido desde el comienzo de la crisis, cuyo fin no se prevé cercano.