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Iván Duque asume este 7 de agosto como el presidente de Colombia más joven de los últimos 70 años bajo la sombra de Álvaro Uribe, el ex presidente que lo señaló a dedo como su ahijado político y quien podría ser el verdadero presidente detrás de las sombras: sin su apoyo, Duque no habría llegado siquiera a ser senador.

La promesa base de su campaña hacia la Casa de Nariño fue acabar o al menos modificar hasta dejar irreconocibles los acuerdos de paz que Juan Manuel Santos alcanzó con las Farc en el 2016. Esta es y ha sido la bandera política de Uribe desde su primera presidencia en el 2002. 

Es por esto que las dudas de muchos grupos de izquierda sobre la dirección que tome su gobierno incluyen la posibilidad de que el nuevo presidente mantenga abierto el frente bélico, pues si se resolviera el conflicto armado interno su propio partido perdería su principal razón de ser. 

Su fiesta será discreta: solo los presidentes de México y Bolivia confirmaron su asistencia, los demás serán representantes delegados por los presidentes de la región y Europa que no quisieron participar del regreso de Álvaro Uribe al poder.

Precisamente la llegada de Duque se da en plena investigación judicial contra el expresidente por presunta manipulación de testigos. Uribe, según la Corte Suprema, habría metido la mano para que una serie de testigos en su contra por casos de paramilitarismo cambien su versión y acusen presiones de políticos de izquierda para inculparlo. 

La investigación supone el primer gran golpe para el ex presidente, principal líder político de Colombia y que, después de años de ser acusado por fuera de los estrados judiciales de pertenecer, impulsar y financiar grupos armados de derecha en su lucha personal contra la guerrilla, finalmente deberá sentarse en el banquillo de los acusados para rendir cuentas. 

Así las cosas, el principal desafío que supone la llegada de Duque al poder implica el respeto a la separación de poderes, toda vez que el presidente entrante ya pidió a la justicia no tocar a su padrino y defendió su honorabilidad, poniendo presión sobre la Corte. 

Quien manda

Uno de los desafíos de Duque será demostrar quién es el verdadero presidente del país. La impresión popular de que se trata de un títere de Uribe podría reducir su capacidad de maniobra y allí tendrá que tratar de marcar su propio camino o asumirse como vocero. 

En términos valóricos, Duque se ha mostrado mucho más al centro que su mentor. Durante su paso por el Senado apoyó proyectos contrarios a la filosofía de Uribe en materias de drogas -apoyó el consumo personal y la dosis mínima- y temas valóricos como el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la despenalización del aborto.

Aunque en campaña borró con el codo sus posturas más “progresistas”, las propuestas iniciales reflejan su verdadera posición frente a estos temas, por lo que algunos guardan la esperanza de que pueda “traicionar” a Uribe. Al menos en temas valóricos. 

¿Cuál paz?

El principal legado de Juan Manuel Santos es el acuerdo de paz con las Farc. Sin embargo, hablar de paz en un país donde al día mueren asesinadas al menos 33 personas es una grosería. Es cierto que la desmovilización de los guerrilleros desactivó uno de los frentes de conflicto de un país acostumbrado al plomo, pero ello no implica la pacificación total.

Después de 50 años de conflicto armado -que llegaron después de otros 50 años de conflicto armado y así sucesivamente desde la independencia- la pacificación del país implica un proceso de transformación social con múltiples aristas en donde la reducción de las desigualdades y la penetración del Estado en algunas zonas del país es clave.

Como clave es abordar el tema del narcotráfico, principal factor económico detrás de la violencia rural en el país. La propuesta de Duque (o Uribe) en este sentido fue continuar con la ley del plomo impulsada por Uribe durante su mandato. Aunque logró reducir los cultivos ilícitos en el país, el tiempo ha demostrado que la guerra contra las drogas no siempre se gana con armas. 

De otro lado, el final de conflicto armado no ha significado un freno a la violencia política de las bandas de extrema derecha. A lo largo de 2018 han sido asesinado 123 líderes sociales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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