Colombia se encamina hacia un ejercicio de lo obvio: en dos semanas, el país realizará un referendo “anti corrupción”, una chapa que parece absurda al tratarse de un delito ya normado y que en cualquier país es sujeto de cárcel. 

En la campaña hacia la consulta -donde entre otras cosas se plantea bajar el sueldo a los parlamentarios- el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao presentó el estudio “La corrupción en Colombia”: un informe de 2.500 páginas que reúne 47 estudios sobre este problema. 

Según el informe, los corruptos se roban 9 billones de pesos colombianos cada año, algo así como 3.063 millones de dólares.

La cifra, según el propio rector, es bastante “conservadora” ya que se basa únicamente en casos registrados por los organismos de control del Estado.

Según los datos recabados, entre 1991 y 2011 la corrupción le costó al país más de 189 billones de pesos, destacó Henao en el programa Pregunta Yamid. Al menos el 30 % de esa cifra se esfumó “en los trámites que día a día realizan los colombianos”, agregó.

Del estudio, cuyo resumen fue publicado por Caracol Radio, se extraen interesantes conclusiones:

El soborno, el nepotismo la extorsión y la apropiación de bienes públicos, son las prácticas corruptas más comunes: entre 2009 y 2016 se registraron 3.966 casos “en el sistema penal oral acusatorio y 326 sanciones disciplinarias relacionadas con corrupción”.

En los últimos veinte años la percepción sobre la corrupción en Colombia se ha mantenido estable. Según los informes de Transparencia Internacional que califican a cada país de 0 a 100, siendo 0 la nota de mayor corrupción y 100 la de mayor transparencia, Colombia oscila entre 34 y 37. En el más reciente, Colombia apareció en el puesto 96 entre 168 países.

Los actos de corrupción más pequeños, muchas veces cotidianos y que son la mayoría, son percibidos “como algo normal”.

A nivel privado, 91 % de los encuestados han participado en, o reconocen, prácticas de soborno en su entorno.

En la Policía, se encontró que las mujeres encuestadas tienden a ser más estrictas y rigurosas que los hombres al momento de definir conductas indebidas y sugerir la aplicación de sus respectivas sanciones.