Un año atrás, en plena recta final de la campaña presidencial para definir el reemplazo de la entonces presidenta Michelle Bachelet, los chilenos fueron testigos de un espectáculo nunca antes visto: la tradición republicana del tedeum religioso fue manchada de política por un pastor que encaró a Bachelet para pedirle que metiera la biblia en sus políticas sociales. 

El protagonista fue el obispo evangélico Eduardo Durán Castro, papá de un diputado Eduardo Durán Salinas, de Renovación Nacional el partido de Sebastián Piñera. Sobre el pastor canuto hay una investigación de parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente para determinar eventuales delitos de lavado de dinero o infracciones tributarias. Esto, por su alto patrimonio, cercano a los dos millones de dólares.

Curiosamente, Durán y otros de los evangélicos que hicieron el show contra Bachelet -cuestionando sus políticas y a su gobierno por temas como el aborto o la ampliación de los derechos sociales-, trabajan para Piñera.

Según reporta el diario La Tercera, además de Durán -quien fue parte del Consejo Ciudadano durante la campaña de Piñera y hoy es el representante protocolar de las Iglesias Evangélicas y Protestantes ante el Estado chileno-, hay otros evangélicos del famoso tedeum en cargos estateles. 

En 2017, para la preparación del tedeum se reunieron representantes evangélicos y el equipo de avanzada de Bachelet para revisar los detalles del acto. Pese a ese encuentro, por esos días señalaban desde el gobierno que no se les informaron todos los detalles ni lo que consideraron como “sorpresivas” intervenciones de algunos personeros.

Aquella vez se redactó un documento con el programa, en el que figuraba como coordinador el pastor Patricio Moya, secretario ejecutivo del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas, y quien fue uno de los que lanzó críticas en el tedeum al gobierno de Bachelet.

Moya -quien dijo esa vez que “no ha habido leyes urgentes para las necesidades reales de la gente”- fue candidato a concejal en 2012 por Renovación Nacional. Y varios en la centroizquierda dicen que es cercano al exalcalde Luis Plaza, en cuyo mandato en la Municipalidad de Cerro Navia lideró la Oficina de Asuntos Religiosos.

Actualmente, Moya aparece desde el 18 de junio contratado a honorarios como “experto” en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) -que lidera Gonzalo Blumel– con una remuneración de $1.032.355 y con una “calificación profesional o formación” de “Licencia de Enseñanza Media”. Todo esto, de acuerdo al registro que aparece en el portal de Transparencia de la Segpres.

Otro de los protagonistas del controvertido tedeum de 2017 es el entonces director de comunicaciones del Concilio de Iglesias Evangélicas, Cristián Nieto, quien días después del evento rechazó la reacción del gobierno de Bachelet y habló de un “enfriamiento” de las relaciones con La Moneda.

Nieto fue candidato a diputado de RN por Cerro Navia en 1997 y asesoró a Augusto Pinochet Hiriart en el período en que el padre de este último se encontraba detenido en Londres. Y actualmente se encuentra trabajando a honorarios, desde el 16 de abril, en el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Nicolás Monckeberg (RN).

Según la información del portal de Transparencia de esa unidad, Nieto -de profesión periodista- figura con la función de “asesorar al subdirector de Servicios al Cliente y a las distintas áreas de la Subdirección en el proceso de mejora continua de la gestión en distintos ámbitos con un foco en el perfeccionamiento de la atención ciudadana”. Esto, con una remuneración mensual de $3.333.333.

En 2017, estos y otros de los representantes evangélicos apuntaron en el tedeum a los temas valóricos que levantó Bachelet en su gobierno, como el aborto y matrimonio igualitario, agenda que sigue generando, en la actual administración, controversia con los sectores más conservadores del oficialismo. Esto, aunque por otras materias, como la decisión de Piñera de involucrarse en la ley de identidad de género, que fue aprobada esta semana en el Senado con la mayoría de los legisladores de Chile Vamos votando en contra.