La guerra contra el narcotráfico tendrá esta semana un nuevo capítulo, protagonizado por el foco que pondrá el gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe en los consumidores locales, más que en las grandes mafias productoras de droga.

A partir de este lunes la policía colombiana podrá decomisar dosis mínimas de droga a los consumidores, un porte que hasta ahora se encontraba despenalizado tras una sentencia de la Corte Constitucional. 

En el principal productor de droga del planeta, parecía lógico que su consumo personal se encontrase despenalizado. Eso hasta hoy cuando la cosa cambiará para los adictos. si una persona es sorprendida con menos de 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína en su poder (la dosis mínima), la policía colombiana podrá decomisar y destruir esta droga y comenzar un proceso administrativo contra el portador que podría significar el pago de una multa.

Así mismo, quienes porten más de la dosis mínima, serán detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales que determinarán, en un proceso verbal, si se trata de dosis de aprovisionamiento de un consumidor, o si corresponde a un expendedor de droga. 

Este nuevo enfoque en la lucha contra las drogas ha sido duramente criticado en Colombia, pues podría abrir la puerta a posibles excesos en la aplicación por parte de la policía y porque no apunta al fondo del asunto en términos de producción. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que esto solo beneficie a los traficantes, al poner presión sobre la demanda. 

Pero al presidente Duque eso no parece importarle. Aun cuando en sus días como senador impulsó un proyecto para despenalizar la dosis mínima. Hoy la apuesta va en contra sentido y según el propio Duque se trata de una forma de atacar el consumo de drogas como un problema de salud pública. “Son cientos de miles de consumidores en nuestro país y están creciendo”, aseguró.

 

Duque insistió en que eso no debe evitar que se endurezca el trato a quienes promuevan el consumo de sustancias psicoactivas a niños y jóvenes, con lo que defendió la firma del decreto. “Tenemos que capturar y llevar a la justicia a los jíbaros, a los expendedores, a los que están contaminando a los niños en las afueras de los colegios”.