Los obispos españoles quieren atajar los abusos en la Iglesia nombrando coordinador de una nueva Comisión antipederastia, nada más y nada menos, que al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, cuestionado por su actuación en  los casos de dos casos  de abusos.

La citada comisión ha sido confirmada este mediodía por la propia Conferencia Episcopal Española (CEE), que en un comunicado anuncia que “comenzará sus trabajos esta misma semana”. Además de Menéndez, formarán parte de la misma “juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del Servicio Jurídico de CONFER; y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales”.

Esto es: el polémico sacerdote Silverio Nieto, responsable del Servicio Jurídico Civil de la CEE y acusado de engaño por las víctimas del ‘caso Gaztelueta’, también formará parte del grupo, que ayudará a “ preparar los materiales de trabajo que presentará el presidente de la CEE, cardenal  Ricardo Blázquez”, en la reunión que todos los obispos del mundo tendrán con el Papa Francisco en febrero.

La comisión debe actualizar los  protocolos de actuación de la Iglesia española, vigentes desde 2010 y que han sido duramente criticados por las víctimas y por expertos, que consideran que da más relevancia al presunto abusador (un clérigo) que al menor abusado.

“Esta nueva normativa –apunta la CEE en una nota– sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará de manera más perfecta al ‘Modelo de Directivas’ redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en este trabajo”.

La nota de la CEE concluye comprometiéndose a “cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso”.

Y lo harán, añaden los obispos, “seleccionando y formando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia; respondiendo a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia;  procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable”.


Con información de El Diario 

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