Mal SalvajeJulian Assange, fundado de WikiLeaks asilado en la Embajada de Ecuador hace seis años, demandó esta semana al país suramericano por supuestamente vulnerar sus derechos a través de la restricción de comunicaciones y la implementación del “Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica”.
La demanda, que será tramitada por la jueza civil Karina Martínez, fue presentada en contra del canciller José Valencia y del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, según informó la prensa internacional.
El abogado de Assange, Baltasar Garzón, señaló que la incomunicación a la que ha sido sometido su defendido, desde marzo de este año, no tiene ninguna justificación, pero que han acatado esa disposición “aun desde la discrepancia”.
“La incomunicación debe cesar inmediatamente, una persona individual, privada no puede verse limitada en su libertad de expresión”, dijo según recoge El País.
Respecto al protocolo, Garzón sostuvo que el Gobierno ecuatoriano lo implementó de manera unilateral y arbitraria porque el documento contiene una serie de términos inadecuados para el asilo de una persona sumamente vulnerable.
Pero ayer, desde Daule (Guayas), donde se realizó un gabinete itinerante, el canciller José Valencia respondió a la presentación de este recurso; señaló que el protocolo es una norma que Ecuador tiene derecho a implementar como Estado soberano y tomando en cuenta que la Embajada de Ecuador en Londres está bajo esta jurisdicción.
Además, que el reglamento se enfoca en la protección de la embajada, los funcionarios que trabajan allí e, inclusive, del propio Assange. “Queremos que, simplemente, las visitas de él se registren, eso pasa en toda embajada del mundo y por su puesto que va a ocurrir (en la Embajada en Londres) porque hay autoridades que van a hacer respetar esa soberanía del país”, señaló al recalcar que el asilado tiene derecho a visitas bajo las directrices del Gobierno y de forma ordenada.
Una vez que la demanda constitucional sea calificada, la jueza deberá convocar a una audiencia oral, en la que se ha solicitado la comparecencia de Assange a través de videoconferencia, “previa aceptación y decisión del canciller”.
La defensa de Assange considera que la situación actual del asilado ha empeorado y esperan que se encuentre una solución, bajo el temor de que no sea extraditado a un tercer país, “donde se pueda afectar la integridad física y psicológica del peticionario”, señalan.
Entre los documentos desclasificados por la Cancillería y entregados a la Asamblea, hay dos disposiciones ministeriales en las que se le otorgaba a Assange estatus de agente diplomático en Londres y en Moscú (Rusia), en la misma fecha.
Al respecto, Garzón sostuvo que, de lo que él conoce, en el caso de Moscú, ni siquiera se hizo el trámite para obtener el beneplácito de ese país y, como se sabe, en el caso de Reino Unido este no lo aceptó, aunque lo que correspondía era declararlo persona no grata y expulsarlo, pero no ocurrió así.