A dos semanas de asumir el cargo, Luisa María Alcalde, la secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, rompió con una tradición de aparente neutralidad desde el gobierno para la política estatal de salario mínimo. 

La semana pasada, la secretaria despidió a Basilio González, quien había estado a cargo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) durante 27 años y ahora aprobó un alza del sueldo mínimo federal del 16 por ciento. 

Ahora, el salario mínimo se sitúa sobre la línea de pobreza alimentaria por primera vez en tres décadas. Esto es algo que habían pedido desde anteriores funcionarios de Ciudad de México hasta académicos, pasando por organizaciones empresariales y de la sociedad civil. De alguna manera lo exige la Constitución mexicana, pero se habían opuesto abiertamente el Banco de México y, veladamente, los secretarios de la Secretaría de Trabajo y Protección Social del PAN y del PRI y los líderes sindicales bajo su control.

El argumento del Banco de México de que los aumentos del salario mínimo impulsarían la inflación dejó de ser creíble porque en la práctica, sus predicciones de que los aumentos del salario mínimo de fines de 2016 o fines de 2017 tendrían un “efecto faro” (es decir, que el incremento en el salario mínimo causaría aumentos en todo el rango de salarios y, por ende, en la inflación) no se vieron confirmados en los datos.

El incremento anunciado, no obstante, respeta ciertos acuerdos alcanzados en el pasado y en los que el Banco de México había tenido su parte importante de influencia. Entre estos, que el incremento se calcule con dos componentes: a través de un incremento nominal —denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR), de 9,43 pesos— y un segundo, sobre ese valor, que considera el ajuste porcentual inflacionario del 5 por ciento. 

Lo inesperado es que el incremento sea tan diferenciado por regiones: del 100 por ciento en la frontera norte. Si bien fue una promesa de campaña de López Obrador, los motivos no están del todo claros y, al menos en parte, pueden responder a compromisos que adquirió México con Estados Unidos y Canadá en las discusiones que derivaron en el actual acuerdo comercial entre los países. 

“¿Por qué lo de la frontera como un trato especial? Porque es la última cortina de desarrollo para retener a nuestros compatriotas en el territorio (…) Vamos a crear estas cortinas de desarrollo para que la gente no tenga necesidad de emigrar, que la migración sea optativa, no obligatoria” por faltas de oportunidades económicas, explicó el presidente en conferencia de prensa.

Según él, el fuerte aumento de los salarios en la frontera no generará un pico de inflación, pues existe “el compromiso de reducir el IVA en la franja fronteriza del 16% al 8% y el compromiso de reducir el impuesto sobre la renta al 20%”.
Cada año, miles de personas -en su mayoría mexicanos y centroamericanos- cruzan ilegalmente la frontera de México hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Al tomar las riendas de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump desató la peor crisis diplomática con México al calificar a los inmigrantes de criminales y amenazar con que México pagará por un nuevo muro fronterizo.

“Hemos estado haciendo gestiones con el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo un plan de inversiones y enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio, ya hay avances en este sentido”, aseguró López Obrador sin dar más detalles.