Mal SalvajeEl 10 de enero es una fecha clave para la política venezolana. O eso al menos quieren creer los opositores al gobierno de Nicolás Maduro, quienes aseguran que ese día vence el mandato constitucional iniciado en 2013 por el sucesor de Hugo Chávez.
Por esto, el líder de la revolución bolivariana está iniciando una campaña diplomática para asegurar que los gobiernos del mundo reconozcan su segundo mandato tras unas elecciones cuando menos sospechosas en las que, como de costumbre, la oposición se abstuvo de participar alegando falta de garantías.
En declaraciones en una de sus tradicionales alocusiones, Maduro dijo que ningún país podrá impedir su toma de posesión el próximo 10 de enero.
“El pueblo ha decidido y nosotros vamos a cumplir con el pueblo, no hay posibilidad de que gobierno alguno diga ninguna palabra desde el extranjero para conocer, reconocer o desconocer la legitimidad democrática del Gobierno que voy a presidir desde el 10 de enero de 2019 al 10 de enero de 2025”, expresó Maduro.
Mientras, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea impusieron sanciones a altos funcionarios del Gobierno.
Maduro destacó que su país cuenta con la Constitución “más democrática de su historia”, por lo que aseguró que las elecciones que se realización en 2018, estuvieron apegadas a esta, y destacó la participación de observadores nacionales e internacionales.
“En Venezuela las decisiones no las toma ningún país extranjero, Venezuela no es un país que esté intervenido por ningún imperio, ni el imperio de Norte de América ni sus Gobiernos satélites de América Latina y el Caribe”, acotó.
Maduro reiteró su viejo discurso en el que todo esto es parte de un plan para desestabilizarlo. En su versión, la oposición venezolana está dirigida y financiada desde Estados Unidos y Bogotá.
“En Venezuela la oposición ha venido desintegrándose y creo que la causa principal (…) es su dependencia de las políticas de Washington y de Bogotá (…) es una oposición financiada, mantenida y dirigida desde Bogotá, desde Washington, como que, si fueran drones”, expuso.
El mandatario también se refirió al atentado en su contra que se registró el pasado 4 de agosto, cuando dos drones cargados con explosivos estallaron cerca de una tarima presidencial, y de acuerdo a la versión oficial, tenían como blanco asesinar al jefe de Estado.
Sin embargo, Maduro indicó que su país requiere que se consolide una oposición política, basada en las ideas y aseguró que, en 2019, trabajará por el diálogo.
“Todos aquellos sectores de oposición, en la situación que se encuentren, que quieran dialogar, yo estoy de brazos abiertos, mente abierta, para dialogar sobre el futuro del país, yo creo que más temprano que tarde va a haber un diálogo, y voy a trabajar porque en 2019 en Venezuela haya un diálogo político fructífero, que permita, ojalá reconstruir una oposición política que el país necesita para tener tranquilidad”, expresó.
El Gobierno asegura que quienes están en prisión han cometido delitos, por lo que, sostiene, no pueden ser considerados presos políticos.
A inicios de 2018 la oposición y el Gobierno se encontraban en un proceso de diálogo, que contó con mediadores internacionales y se desarrolló en República Dominicana, sin embargo, concluyó sin acuerdo y con las partes acusándose mutuamente de ser responsables del fracaso.
“Tenemos una batalla cruenta durísima contra las sanciones internacionales, que le han hecho perder a Venezuela, por lo menos 20.000 millones de dólares, durante el año 2018, son pérdidas multimillonarias”, expresó Maduro.