El fiscal general destituyó al fiscal que llevaba los casos contra Keiko, Alan, Toledo y Humala. José Domingo Pérez dijo que teme por la información que logró recopilar. Vizcarra dijo que prepara medidas.
Los últimos dos fines de años han sido con escándalo en Perú. En la antesala de la Navidad de 2017, Pedro Pablo Kuczynski sorprendió con el indulto a Alberto Fujimori. Y ahora, justo cuando los peruanos comenzaban a celebrar el Año Nuevo, se anunció la destitución del fiscal José Domingo Pérez, que lideraba los casos más emblemáticos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.
De manera completamente sorpresiva, pero tras varias semanas de rumores, el fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, removió a José Domingo Pérez y también al fiscal coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela.
Pérez tenía a su cargo 13 investigaciones, entre las cuales figuraba el caso contra Keiko Fujimori por aportes ilegales a su campaña presidencial de 2011 -por la cual cumple una pena de 36 meses de prisión preventiva-, y las pesquisas contra los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, por presunto lavado de activos.
Pérez dijo estar “indignado” por su salida: “Soy un fiscal que va a defender su fuero, voy a esperar los fundamentos de la resolución”. En la misma línea se manifestó el Presidente Martín Vizcarra, quien debió regresar de Brasilia -donde asistía al cambio de mando de Jair Bolsonaro- ante el nuevo terremoto político que desató Chávarry. Así, anunció una serie de “medidas”.
El fiscal general justificó su polémica medida por el hecho de que Pérez “procedió a cuestionar mi elección, que se produjo por unanimidad de los fiscales supremos” y que esta actitud fue “avalada por el coordinador Vela Barba”. “Si bien resulta sumamente preocupante que la cabeza de una institución como la fiscalía se interese en dar a conocer sus decisiones agazapado en la coyuntura festiva, es aun más indignante al tomar en cuenta cómo justificó las mismas”, escribió en su editorial de hoy el diario El Comercio.
Al señalar que se enteró por la prensa de su destitución, el fiscal Pérez anunció que tomará medidas para proteger su oficina, porque teme que la información sensible que posee sobre el caso contra Keiko “pueda ser objeto de algún tipo de sustracción”.
Pérez denunció el pasado 26 de diciembre por encubrimiento a Chávarry, en el marco la investigación contra Keiko, al acusarlo de haber “ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht”. El fiscal Pérez también tenía a su cargo la investigación contra el expresidente Ollanta Humala y las pesquisas contra Kuczynski.
La destitución de Pérez, a quien algunos lo comparan con Sérgio Moro, el magistrado brasileño que condenó a Lula da Silva en Brasil, generó manifestaciones espontáneas de cientos de peruanos que protestaron en la Plaza San Martín en el centro de Lima. “¡Fuera Chávarry! ¡Chávarry corrupto!”, gritaron. Pero también hubo protestas en lugares como Arequipa, Cuzco, Lima, Huánuco, Huancayo y Tacna.
El fiscal general enfrenta tres acusaciones en el Congreso, aunque ninguna ha sido puesta en la agenda legislativa. Chávarry, por su parte, pidió al ministerio del Interior reforzar las medidas de seguridad para él y su familia, ya que teme represalias en su contra. De hecho, ya surgió el hashtag #Chavarryelpuebloterepudia.
¿Puede revertirse la medida? Los politólogos peruanos sostienen que es complejo, dada la autoridad que posee el fiscal general. También los expertos sostienen que corre riesgo la colaboración eficaz, ya que será difícil que los testimonios brindados a Pérez y Vela se mantengan. Al mismo tiempo, podría correr riesgo el acuerdo que se firmó con Odebrecht.
Vía La Tercera