Durante los años 70 y 80s, cuando las dictaduras del cono sur se encontraban amparadas al calor del Plan Cóndor y decidían el futuro de millones de personas sin molestarse en pequeñeces como la democracia, los militares decidieron que la privatización de los sistemas de pensiones era un muy buen negocio en el que no querían involucrarse como clientes.

Así, la creación de sistemas de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) como los que funcionan en casi todo el continente, tuvo unos pequeños bemoles: las Fuerzas Armadas quedarían al margen de estos y se jubilarían por un régimen especial de reparto como el que funcionaba hasta entonces. 

Ahora que un militar ha vuelto al trono en Brasil y ya ha prometido aplicar este tipo de sistemas de pensiones -que en países como Chile ha empobrecido a los jubilados- la cosa comienza a moverse en el mismo sentido.

Jair Bolsonaro prometió profundizar la reforma que Michel Temer presentó pero no logró aprobar en su último año de gobierno – la propuesta del mandatario anterior era mantener el mismo sistema de reparto, pero aumentando la edad jubilatoria para hasta los 70 años para los hombres y 65 años para las mujeres, entre otros detalles.

El nuevo presidente aumentó la apuesta, y quiere cambiar todo el sistema por un modelo privado como el chileno. No es casualidad que el viaje de su hijo Eduardo a Chile, en diciembre pasado, tuvo entre sus principales aristas una visita a José Piñera, hermano de Sebastián y cerebro del sistema de jubilación privado que tiene el superpoder de convertir un sueldo de 1000 dólares en una pensión de 300.

La discusión política sobre esa reforma ya está en curso y los militares han sido los primeros en alzar la voz para evitar sean afectados por los cambios, y se mantengan en un sistema de reparto especial para ellos. Pero no sólo eso, también los magistrados tratan de evadir la llamada “eficiencia del mundo privado”, y presionan para que los suyos queden afuera del sistema de las empresas administradoras.

Lo curioso es que militares y jueces son dos de los sectores que más contribuyen con los problemas del sistema de reparto en Brasil. Es muy común escuchar que el sistema público de Seguridad Social brasileño es deficitario, y es cierto, pero lo que no dicen es que una inmensa parte de ese déficit corresponde justamente a los sectores judicial y castrense.

Según datos oficiales del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil) correspondientes al año de 2017, de los 182,4 mil millones del déficit del sistema previsional, los militares son responsables por 86,3 mil millones de reales, es decir: un 47,3%. Esa cifra es aún más impactante si se suma al hecho de que los militares son 1,2% de los beneficiarios del sistema.

La Seguridad Social de los servidores públicos en Brasil cuenta con 1,1 millón de contribuyentes, entre civiles y militares, que por su parte corresponde a un 3,7% de los más de 30 millones de brasileños integrados al INSS. Entre los civiles, los que resultan más costosos al sistema son los funcionarios del Poder Judicial: datos de la ONG Cuentas Abiertas apuntan a que un 76% de los magistrados jubilados del país reciben un monto superior al tope establecido constitucionalmente, aprovechándose de dispositivos agregados en los últimos años, lo que la prensa brasileña suele llamar penduricalhos (colgados).

Por último, hay que agregar que otra razón del déficit previsional brasileño son las gigantescas deudas de los grandes grupos empresariales con el ente administrador del sistema. Curiosamente, meses antes de presentar su fallido proyecto de reforma previsional, el ahora ex-presidente Michel Temer, en un acto que revela su nivel de coherencia, promovió la condonación de algunas grandes empresas brasileñas (sobretodo bancos, empresas telefónicas y del llamado “agronegocio”) por un monto de cientos de miles de millones de reales. La mitad de esos valores ya serían suficientes para solucionar el déficit del INSS.

Resumiendo: los sectores que reciben los más gordos privilegios otorgados por el sistema previsional brasileño, y que en definitiva son la razón del déficit presentado en los últimos años, podrían ser salvados gracias a su poder de lobby político, capaz de proteger a los suyos de un modelo similar al de las AFP.

Con el fuerte debate generado por la firma presidencial al decreto de flexibilización de la venta de armas (que se dio este martes 15 de enero), el anuncio del proyecto de reforma previsional, inicialmente programado para esta semana, terminó postergado para el domingo (20/1), y puede que se lo empujen para aún más lejos, quizás después del viaje de Bolsonaro al Foro Económico Mundial, en Davos.

El retraso es tiempo que el gobierno gana para lidiar con la presión política de los que pueden hacerlo. Y esos seguramente no son los trabajadores comunes.

Con información de El Desconcierto