El presidente -para algunos- de Venezuela Nicolás Maduro está pasando por uno de los momentos más complejos de su cuestionado gobierno: tan solo esta semana ha tenido que enfrentar un alzamiento militar y una serie de protestas sociales que poco a poco sientan las bases de lo que podría ser el fin de una época.
Sin embargo, Maduro ha logrado sostenerse en el Palacio de Miraflores gracias al soporte de los militares -aliados casi incondicionales- y con la ayuda del Tribunal Supremo de Justicia de corriente oficialista.
El TSJ declaró que los cuatro acuerdos respecto a la ilegalidad del gobierno de Maduro aprobados el pasado 15 de enero por la Asamblea Nacional (AN, Congreso), de mayoría opositora, carecen de validez.
La Sala Constitucional, a cargo del magistrado Juan José Mendoza, declaró que los citados acuerdos del Congreso eran inconstitucionales y estaban fuera de sus atribuciones.
Los acuerdos de la Asamblea Nacional se referían a la presunta usurpación de funciones en que estaría incurriendo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sobre la autorización de ayuda humanitaria internacional para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano.
La Asamblea Nacional también aprobó mociones para la protección de activos del Estado venezolano en el extranjero y sobre la necesidad de una ley de amnistía para quienes colaboren en la restitución del orden.
El magistrado Mendoza dijo que la gravedad de los recientes acuerdos de la AN merecía un nuevo pronunciamiento judicial, puesto que todas sus decisiones son nulas por condición de “desacato”.
Respecto al acuerdo que desconoce a Maduro como presidente de Venezuela, el TSJ declaró que implica “un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional”. En ese sentido, la Sala Constitucional señaló que “se ve obligada a actuar de oficio en protección del texto fundamental (la Constitución de Venezuela)”.
“La Asamblea Nacional no puede erigirse en Tribunal Supremo de Justicia para declarar una pretendida usurpación”, agregó la declaración difundida por la Sala Constitucional.
Noche de protestas
Pero Maduro no puede tapar el sol con un fallo. Al menos una decena de protestas callejeras que se iniciaron la noche del lunes en Caracas y se extendieron hasta la madrugada del martes, especialmente en zonas consideradas bastiones del oficialismo.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) cifró en 30 las manifestaciones registradas cerca de la medianoche en la capital del país, la mayoría en barriadas del municipio de Libertador, un territorio gobernado por el oficialismo y donde están ubicadas todas las sedes de los poderes públicos.
Cerca de una decena de esas protestas han continuado en las primeras horas de este martes y los ciudadanos han dado cuenta de ello a través de las redes sociales, en las que circulan numerosas fotografías y vídeos que muestran cortes de vías así como a personas en las calles gritando consignas antigubernamentales.
Aunque ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, abundan las imágenes que muestran a las fuerzas del orden tratando de disuadir las manifestaciones, en algunos casos disparando gases lacrimógenos en zonas residenciales.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) informó, a través de Twitter, del uso de tanquetas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la parroquia El Valle “para intentar sofocar” una protesta.
Las protestas han estado acompañadas por la acción de cientos de vecinos que desde sus casas y en varias zonas de Caracas golpean cacerolas, una forma de protesta popular en Venezuela para hacer reclamaciones a los gobiernos.
Estas manifestaciones ocurren un día antes de la jornada a la que ha convocado el antichavismo para el 23 de enero en rechazo de la legitimidad del nuevo mandato presidencial que juró Maduro ante el Supremo hace casi dos semanas y que le mantendrá en el cargo, al menos, hasta 2025.