Hace 26 años terminó la guerra civil en El Salvador. El país que firmó con ilusión unos acuerdos de paz en 1992 celebrará este 3 de febrero unas elecciones presidenciales en medio de una incesante violencia, la corrupción y la desconfianza.
Hay un candidato de izquierda y tres de derecha: Hugo Martínez Bonilla (FMLN), Nayib Bukele (representante de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA), Juan Carlos Calleja (Alianza Republicana Nacionalista, Arena) y Josué Alvarado Flores (movimiento Vamos).
Los cuatro se alzan como promesas de cambio, pero sus posturas no escapan de la diatriba liberal y conservadora en que ha vivido el país desde los años del conflicto. Se mantiene un discurso de izquierdas y derechas que genera una polarización artificial, ya que no existen opciones políticas que vayan más allá de los partidos mayoritarios.
La guerra no se acaba
El país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para vivir. Tan solo en 2017, San Salvador, la capital, se ubicó en el puesto 17 en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Ese mismo año la tasa de homicidios fue de 104 muertes por cada 100.000 habitantes.
La nación también es una de las más pobres de América Latina. Según un informe del Banco Mundial de 2015, el 25% del país vive en la pobreza extrema. El alarmante flujo de migrantes salvadoreños, así como la violencia social derivada de las pandillas y las precarias condiciones de vida actuales, tienen sus raíces en el pasado.
Durante el siglo XX a El Salvador lo dirigieron gobiernos militares que auparon la concentración de la tierra y la represión social. Para la década de los 80, en el marco de la guerra fría, “el gravísimo deterioro en las condiciones de vida del pueblo salvadoreño, asociado a causas estructurales como la injusticia y la opresión”, derivaron en el enfrentamiento directo entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, una guerrilla de izquierda apoyada por un sector de la población y Las Fuerzas Armadas de El Salvador, explica Sandoval.
La lucha ideológica entre izquierda y derecha, se trasladó al campo de batalla.
La guerra nunca se declaró oficialmente pero se extendió por 12 años. El conflicto se caracterizó por una anulación de la oposición política, represión selectiva contra intelectuales y sindicatos y expansión a la represión generalizada de la ciudadanía.
El Gobierno creó grupos paramilitares conocidos como escuadrones de la muerte para abatir al FMLN. Se vieron masacres como la del Mozote, en el que cerca de 600 campesinos fueron abatidos por un escuadrón del Ejército. Ya en los años 90 y con 75.000 muertos, iniciaron los diálogos de paz entre la guerrilla y el Gobierno.
Aunque las heridas del conflicto estaban frescas, se abría un nuevo capítulo de esperanza. Había espacio para la ilusión. El tejido social sería difícil de reconstruir, de eso se iría dando cuenta el país con el paso de los años.
Los acuerdos de paz, avances y retrocesos políticos
La ONU sirvió como mediadora. Las negociaciones concluyeron con la firmade los Acuerdos de Chapultepec (México) en 1992.
Los acuerdos de paz abrieron una democratización del sistema político porque le pusieron fin al dominio de los militares sobre el Estado y se logró la desmovilización del FMLN, pero no hubo una democratización económica y social porque los acuerdos no lo contenían, su objetivo era sacar a la dictadura del poder”.
Y se logró. Dos años más tarde, en 1994, se celebraron las primeras elecciones tras la guerra. La izquierda y la derecha se agruparon ya no en trincheras sino en partidos políticos que se disputarían durante los siguientes años el poder. El partido Arena, de tendencia conservadora, ganó ese año y se mantuvo hasta 2009, cuando el ya desmovilizado FMLN se hizo con la Presidencia, conservando para su movimiento político el antiguo nombre de sus años de lucha, hasta hoy.
Estos partidos parecen haberse configurado en élites políticas desconectadas de la realidad salvadoreña. Élites que se enraizaron en el poder y se fortalecieron a sí misma antes que a las instituciones. Con el tiempo vendrían los escándalos políticos. Los últimos tres presidentes del país, vinculados a los partidos Arena y FMLN, fueron o están siendo procesados por delitos de corrupción.
Ni se repararon, ni se construyeron de forma efectiva los lazos de confianza entre el Estado y los ciudadanos, que la guerra había destruido. La modernidad refleja la realidad de un pasado no resuelto. Por ejemplo, solo el 18% confía actualmente en el Tribunal Supremo Electoral (Latinobarómetro, 2017) y las tres instituciones peores evaluadas son el congreso nacional, los partidos políticos y el gobierno nacional.
La violencia y la desigualdad, herencia del conflicto armado
Los años posteriores a la guerra, el periodo crucial para reestablecerse como sociedad, el Estado no priorizó políticas de inversión social. En la década de los 90 se dio un proceso de concentración de la riqueza porque los Gobiernos de derecha privatizaron 32 empresas públicas y le quitaron impuestos a los empresarios.
Ante los avances en los acuerdos, vinieron las fallas. La inversión social del sector público, principalmente en salud y educación no alcanzó los niveles requeridos persistiendo una pobreza multidimensional. Se falló en resolver el problema social esencial: la falta de oportunidades equitativas para el desarrollo de las capacidades de la gente.
El conflicto dejó lo rural para instalarse en las urbes. La violencia evolucionó de guerrillas a pandillas. La ausencia del Estado y la falta de oportunidades propició el caldo de cultivo de una violencia no conocida. Aparecieron la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Las peleas por el territorio, la supervivencia y las rutas del narcotráfico.
Las pandillas, que se estima cuentan con unos 70.000 integrantes, de los cuales
17.000 están encarcelados, subsisten extorsionando a la población y, según las autoridades, son las responsables del 70% de los homicidios en el país.
Un país de migrantes
Después de la guerra civil medio millón de salvadoreños huyeron del país y pocos se atreven a regresar.
La incapacidad del Estado para generar empleo, mejorar los salarios, resolver el problema fiscal y nivelar las finanzas públicas hacen parte de las principales razones por las cuales miles abandonan el país, para el experto luego viene el factor violencia.
Calcular oficialmente el número de ciudadanos que salen del territorio es una tarea compleja ya que no todos cruzan la frontera por los puntos oficiales. Pero según datos aportados por la ONU, el país tiene 1.559.924 emigrantes, lo que supone un 24,46% de la población. Sin contar que cada día se forman más caravanas en el llamado triángulo del Norte, que conforman El Salvador, Guatemala Y Honduras. Estados Unidos es su principal destino.
Los salvadoreños abandonan su país en medio la desesperanza, dejando más afectos que pertenencias. Los que se quedan irán a las urnas resignados, bajo la consigna de lo tomas o lo dejas. Tras el conflicto, hay una sociedad poco solidaria, apática y harta de la política.
Aunque Bukele lideró las encuestas de intención de voto antes del cierre de campaña del 30 de enero, los expertos auguran que la puja electoral entre Martínez, Bukele, Calleja y Alvarado, se definiría en segunda vuelta.
El 1 de junio debe asumir sus funciones el nuevo presidente. La ONU desplegó un equipo de 28 observadores para seguir el proceso electoral. En el país que huye, los salvadoreños resilientes esperan que la historia no se siga repitiendo en bucles.
Con información de France 24