Finalmente hubo un giro: el gobierno de Nicolás Maduro estaba apostando por ignorar a Juan Guaidó o, al menos, dejarlo hacer a la espera de un desgaste por el paso del tiempo.  Guaidó no existe, dijo Maduro. Lo mismo dijo Diosdado Cabello. Pero la crisis amenaza con desbordarse. 

Entonces el gobierno chavista decidió tomar acciones. La última de ellas apunta a un posible enjuciamiento del presidente de la Asamblea Nacional. 

El giro en la estrategia comenzó hace un par de semanas con la detención del socio de Guaidó, Roberto Marrero. El quiebre del entorno del líder opositor es una estrategia ya aplicada contra Henrique Capriles y Henry Ramos Allup.

Todo esto ocurre en el contexto de la amenaza de Guaidó con una marcha al Palacio de Miraflores. Allí se prenden las alarmas. Y entonces se desata la violencia. De allí que los colectivos -que fueron llamados a activarse por Maduro en la “resistencia”- ahora se atrevan a acercarse peligrosamente a Guaidó. 

Después llegó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, en la que ordenan a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a allanar a inmunidad parlamentaria del presidente interino. Esto no es otra cosa que el preámbulo.

Finalmente este desafuero se produjo. La puerta para detener o al menos enjuiciar a Guaidó está abierta. Sin embargo, analistas en Caracas aseguran que por el momento no será detenido. La idea del chavismo es tener esta posibilidad como una amenaza latente contra el opositor. 

Se presume que Maduro  quiere esperar qué pasará con las manifestaciones convocadas para este 6 de abril hacia el Palacio de Miraflores. En función de los resultados de esas protestas, se tomará la decisión de encarcelar o no a Juan Guaidó.

Desde los primero días de marzo, los sectores en pugna elevan los costos. Nicolás Maduro ya decidió jugar su última carta -los colectivos- y Juan Guaidó también ha sacado su mejor carta disponible: una marcha a Miraflores.

¿De qué lo acusan?

La Fiscalía venezolana ha abierto dos investigaciones a Guaidó: una por desacato a la Constitución y a los poderes públicos, tras su autoproclamación, y otra por su presunta relación con el sabotaje eléctrico que ha dejado al país suramericano sin energía por varios días.

El fiscal general Tarek William Saab explicó en conferencia que, desde el pasado 22 de enero, se suscitaron hechos violentos en el país, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de Venezuela en el exterior, “lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional”.

Saab expuso que las medidas cautelares contra Guaidó “tienen basamento legal y constitucional” para desarrollar una investigación y “recabar elementos que permitan detener estos actos que han dañado la paz”.

De igual manera, el diputado venezolano ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años por la Contraloría General de la República, debido a que no ha ofrecido información sobre su situación patrimonial, a pesar de haber incurrido en gastos de boletos aéreos nacionales e internacionales y alojamiento en hoteles dentro y fuera del país suramericano. 

¿Y los gringos?

Hasta ahora, el escudo protector de Guaidó han sido las amenazas de Estados Unidos. 

A fines de febrero, un alto funcionario gringo dijo a la prensa que la detención de Guaidó sería “la peor decisión, la última decisión que tomaría Maduro”.

En otra parte de sus declaraciones, añadió que “sería irresponsable que el Gobierno de Estados Unidos descartara el uso de las fuerzas militares” contra el Gobierno de Caracas.

Así, la dentención podría ser el hecho crucial que determine el inicio de un potencial conflicto armado pues por el otro lado tanto China como Rusia han demostrado su apoyo a Maduro y a ese orden paralelo que supone. 

¿Se animará Maduro a detener a Guaidó?